The implementa=
tion
of the ISO 37001:2025 Standard and its relationship with the level of
compliance with the transparency principle in public works procurement of
Ecuador's Ministry of Infrastructure and Transport
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1 |
Lucila
Elizabeth Silva Silva |
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán, Ecuador. Maestría en Compras Públicas |
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2 |
Alejandra
Belén Rosero Mendoza |
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán, Ecuador. Maestría en Compras Públicas |
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3 |
Willian
Paúl Avilés Quiñonez |
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán, Ecuador. |
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4 |
Glen
Freddy Robayo Cabrera |
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán, Ecuador. |
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Artículo de Investigación Científica y Tecnológi=
ca Enviado: 13/08/2026 Revisado: 11/09/2026 Aceptado: 07/10/2026 Publicado: 26/1=
0/2026 DOI: https://do=
i.org/10.33262/visionariodigital.v10i4.3793
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Cítese: |
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Silva Silva,=
L.
E., Rosero Mendoza, A. B., Avilés Quiñonez, W. P., & Robayo Cabrera, =
G.
F. (2026). La implementación de la Norma ISO 37001:2025 y su relación con=
el
nivel de cumplimiento del principio de transparencia en la contratación
pública de obras del Ministerio de Infraestructura y Transporte del Ecuad=
or.
Visionario Digital, 10(4), 144-180. https://do=
i.org/10.33262/visionariodigital.v10i4.3793
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Esta revista está
protegida bajo una licencia Creative Commons
Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 International. Copia de la
licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.=
0/deed.es |
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|
Pa=
labras
clave:=
ISO 37001:2025; transparencia; contratación pública; gestión
antisoborno; obras públicas; cumplimiento normativo; corrupción. |
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Resumen Introducción. La contratación pública de obr=
as
presenta riesgos asociados con corrupción, asimetrías de información,
debilidades de control y limitaciones en la transparencia. En este contex=
to,
la Norma ISO 37001:2025 proporciona un marco para fortalecer la gestión a=
ntisoborno
mediante la gestión de riesgos, debida diligencia, controles operativos,
mecanismos de reporte y mejora continua. Objetivo. Determinar la
relación entre la implementación de componentes alineados con la Norma ISO
37001:2025 y el nivel de cumplimiento del principio de transparencia en la
contratación pública de obras del Ministerio de Infraestructura y Transpo=
rte
del Ecuador durante el período 2025–2026, con el propósito de diseñar y
validar teóricamente un modelo institucional de mejora. Metodología. <=
/b>Se
desarrolló una investigación de enfoque mixto, con diseño concurrente o
paralelo convergente, alcance descriptivo-correlacional, diseño no
experimental y corte transversal. La unidad humana estuvo conformada por =
21
servidores especializados, bajo criterio censal, y la unidad documental
comprendió dos expedientes seleccionados intencionalmente de un marco de
referencia de 25 procesos. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas y u=
na
ficha de cotejo documental. Las respuestas vinculadas con las hipótesis
fueron codificadas en categorías dicotómicas y analizadas mediante la pru=
eba
exacta bilateral de Fisher, complementada con chi-cuadrado de Yates y
coeficiente Phi. Resultados. Se identificaron asociaciones
estadísticamente significativas entre gestión de riesgos y trazabilidad (=
p
=3D .0092; φ =3D .61), controles antisoborno y publicidad-rendición =
de
cuentas (p =3D .0251; φ =3D .55), y entre el nivel global per=
cibido
de desarrollo de componentes alineados con ISO 37001:2025 y transparencia=
(p
=3D .0022; φ =3D .71). Los dos expedientes alcanzaron niveles de
cumplimiento documental de 58 % y 71 %. El modelo institucional diseñado
obtuvo un coeficiente V de Aiken promedio de .93 en su validación
teórica. Conclusión. Los resultados evidenciaron una asociación
significativa entre el desarrollo percibido de componentes alineados con =
ISO
37001:2025 y el cumplimiento percibido del principio de transparencia, sin
establecer causalidad. El modelo propuesto presenta condiciones favorable=
s de
validez de contenido para orientar una implementación progresiva, cuya
efectividad deberá evaluarse posteriormente mediante una prueba piloto. <=
b>Área
de estudio general: Ciencias administrativas. Área de estudio
específica: Contratación pública y gestión antisoborno. Tipo de
estudio: Artículo original. |
|||||
|
Keywords:<=
/span> ISO 37001:2025; transparency; public
procurement; anti-bribery management; public works; compliance; corruptio=
n. |
|
Abstract Introduction. Public works procurem=
ent
is exposed to risks associated with corruption, information asymmetries,
control weaknesses, and limitations in transparency. In this context, ISO
37001:2025 provides a framework for strengthening anti-bribery management
through risk management, due diligence, operational controls, reporting
mechanisms, and continuous improvement. Objective. To determine the
relationship between the implementation of components aligned with ISO
37001:2025 and the level of compliance with the principle of transparency=
in
public works procurement at Ecuador’s Ministry of Infrastructure and
Transport during the 2025–2026 period, with the purpose of designing and
theoretically validating an institutional improvement model. Methodology. A mixed-methods study=
was
conducted using a concurrent or convergent parallel design, with a
descriptive-correlational scope, a non-experimental design, and a
cross-sectional approach. The human unit of analysis comprised 21 special=
ized
public officials under a census criterion, while the documentary unit
included two files purposively selected from a reference framework of 25 =
procurement
processes. Semi-structured interviews and a documentary checklist were
applied. Responses related to the hypotheses were coded into dichotomous
categories and analyzed using the two-sided Fisher’s exact test, compleme=
nted
by Yates’ chi-square test and the Phi coefficient. Results. Statistically signifi=
cant
associations were identified between risk management and traceability ( |
|||||
1.&n=
bsp;
Introducción
La contratación
pública constituye uno de los espacios de interacción más relevantes entre =
el
Estado y los operadores económicos privados y, simultáneamente, uno de los
ámbitos institucionales con mayor exposición a riesgos de corrupción,
conflictos de interés, asimetrías de información y conductas oportunistas. =
Esta
vulnerabilidad adquiere especial importancia en la contratación de obras pú=
blicas,
debido a la magnitud de los recursos comprometidos, la complejidad técnica =
de
los proyectos, la intervención de múltiples actores y la extensión de las f=
ases
preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución. La literatura
reciente ha identificado que los riesgos de corrupción no se distribuyen
homogéneamente dentro del ciclo contractual, sino que pueden concentrarse en
determinadas etapas y manifestarse mediante restricciones a la competencia,
favoritismo, debilidades en la gestión contractual o alteraciones de la
información necesaria para el control institucional y ciudadano (Adjorlolo =
et
al., 2025; Bhagat & Jha, 2023; Mohd et al., 2024).
Frente a estos
riesgos, los sistemas de compliance y gestión antisoborno adquirieron
relevancia como mecanismos preventivos que complementan los controles
administrativos tradicionales. En este contexto, la Norma ISO 37001:2025
estableció requisitos y orientaciones para implementar un sistema de gestión
antisoborno basado en liderazgo, evaluación de riesgos, debida diligencia,
controles financieros y no financieros, mecanismos de denuncia, investigaci=
ón y
mejora continua (International Organization =
for Standardization [=
ISO],
2025). En América Latina, esta perspectiva resulta particularmente pertinen=
te
ante la necesidad de avanzar desde controles predominantemente reactivos ha=
cia
modelos institucionales preventivos, verificables y sujetos a evaluación
periódica (Coello, 2026; Monroy et al., 2022).
En Ecuador, la
implementación de sistemas de gestión antisoborno cuenta con un antecedente
institucional relevante en el ámbito de las compras públicas. En 2019, el <=
u>Servicio
Nacional de Contratación Pública (SERCOP) obtuvo la certificación ISO
37001:2016 para su Sistema de Gestión Antisoborno, luego del proceso de
auditoría externa efectuado por SGS del Ecuador. De acuerdo con información
institucional del SERCOP, este reconocimiento lo convirtió en la primera in=
stitución
pública del país en certificar dicho sistema en todos sus procesos y en la
primera entidad vinculada con la contratación pública a nivel regional en
alcanzar esta certificación (Servicio Nacional de Contratación Pública
[SERCOP], 2019). Este antecedente evidenció la viabilidad institucional de
implementar un sistema antisoborno certificable en una entidad pública
ecuatoriana vinculada con la contratación estatal; sin embargo, no permitió
asumir que sus resultados fueran directamente transferibles al ámbito
específico de la contratación de obras de infraestructura del Ministerio=
de
Infraestructura y Transporte (MIT), lo que reforzó la pertinencia de
analizar este sector de manera particular.
Cabe precisar que=
la
certificación obtenida por el SERCOP en 2019 correspondió a la Norma ISO
37001:2016, edición vigente en ese momento. La presente investigación adopta
como marco técnico de referencia la edición actualizada ISO 37001:2025. En
consecuencia, la experiencia del SERCOP se considera un antecedente institu=
cional
de implementación y certificación de un sistema de gestión antisoborno en el
sector público ecuatoriano, sin equiparar automáticamente los requisitos de
ambas ediciones ni asumir que el modelo aplicado en 2019 resulte directamen=
te
transferible al contexto específico de la contratación pública de obras del
MIT.
En este contexto,=
el
problema de investigación se delimitó específicamente a la contratación púb=
lica
de obras del MIT del Ecuador durante el período 2025–2026. El análisis=
se
concentró en la transparencia efectiva de los expedientes contractuales,
entendida no solo como publicación formal, sino como disponibilidad de
información íntegra, oportuna, verificable y útil para reconstruir las
decisiones adoptadas. Por ello, se consideraron elementos como la integridad
del expediente, la publicación de análisis de precios unitarios y cronogram=
as,
la justificación técnica de modificaciones contractuales, la disponibilidad=
de
informes de fiscalización y supervisión y el acceso efectivo a información =
relevante
durante las distintas fases del ciclo de la obra pública (González, 2019; J=
ara
et al., 2024).
Paralelamente, se
examinó el grado de desarrollo institucional de componentes asociados con la
Norma ISO 37001:2025 en el MIT, particularmente la gestión de riesgos y deb=
ida
diligencia, los controles operativos antisoborno y los canales de reporte e
investigación. El caso resultó relevante porque el ministerio no contaba co=
n un
sistema de gestión antisoborno certificado bajo esta norma, pese a que la
contratación de infraestructura concentra condiciones de riesgo vinculadas =
con
elevados montos, discrecionalidad técnica y participación de múltiples agen=
tes.
En consecuencia, la situación concreta que motivó el estudio fue la ausenci=
a de
evidencia empírica que permitiera determinar si un mayor nivel de
implementación de dichos componentes se relacionaba con un mayor cumplimien=
to
del principio de transparencia en procesos de contratación pública de obras=
.
La relevancia
práctica del estudio radicó en la posibilidad de generar evidencia para
orientar decisiones institucionales del MIT respecto del fortalecimiento de=
su
sistema de integridad y de una eventual adopción progresiva de ISO 37001:20=
25.
Identificar qué componentes antisoborno se relacionan con mejores niveles de
trazabilidad, publicidad y rendición de cuentas permite priorizar controles
sobre etapas sensibles del ciclo contractual y mejorar la calidad de la
información disponible para la fiscalización, la supervisión administrativa=
y
el control social.
Desde una perspec=
tiva
teórica, la investigación articuló dos campos que la literatura había
desarrollado de manera predominantemente paralela. Por una parte, los estud=
ios
sobre sistemas de gestión antisoborno analizaron la madurez del complian=
ce,
la prevención y los mecanismos de control organizacional (Mendoza, 2025; Mo=
nroy
et al., 2022; Rozah & Pujiyono, 2022). Por otra, las investigaciones so=
bre
transparencia contractual se concentraron en publicidad electrónica, datos
abiertos, acceso a información o herramientas para detectar riesgos y
favoritismo (Hochstetter et al., 2023; Khorana et al., 2024; Torres-Berru et
al., 2023). La relación empírica entre ambas variables dentro de la
contratación pública de infraestructura ecuatoriana permanecía escasamente
examinada.
La revisión
preliminar de la literatura evidenció, además, que la trazabilidad y la cal=
idad
de los datos constituyen condiciones centrales para prevenir y detectar
irregularidades. Adjorlolo et al. (2025) identificaron etapas especialmente
vulnerables dentro del ciclo de contratación, mientras que Torres-Berru &am=
p;
López (2022) y Torres-Berru et al. (2023) demostraron que la información del
sistema ecuatoriano puede utilizarse para detectar patrones de sesgo y
favoritismo mediante minería de datos y análisis de texto. Sin embargo, est=
os
enfoques parten de información previamente registrada o publicada y, por el=
lo,
no explican suficientemente qué condiciones organizacionales favorecen que
dicha información sea completa, oportuna y trazable desde su origen.
En el campo de la
transparencia, Bauhr et al. (2020) mostraron que los efectos anticorrupción
dependen de la oportunidad y naturaleza de la información disponible; a su =
vez,
Hochstetter et al. (2023) y Khorana et al. (2024) evidenciaron que la
digitalización por sí sola no garantiza transparencia efectiva si no se
acompaña de institucionalidad, calidad de datos y controles adecuados. En
Ecuador, Figueroa-Moreno et al. (2025) y Jara et al. (2024) documentaron
desafíos relacionados con la aplicación material de mecanismos de control,
supervisión y acceso a información pública. A pesar de estos avances, persi=
stió
una brecha: los estudios identificados no analizaron de manera integrada la
implementación de los componentes de ISO 37001:2025 y el nivel de transpare=
ncia
verificable de expedientes de obra pública del MIT.
En consecuencia, =
el
objetivo general del estudio fue determinar la relación entre la implementa=
ción
de la Norma ISO 37001:2025 y el nivel de cumplimiento del principio de
transparencia en la contratación pública de obras del Ministerio de
Infraestructura y Transporte del Ecuador durante el período 2025–2026, a fin de
diseñar y validar teóricamente un modelo institucional basado en el ciclo <=
u>Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
(PHVA; PDCA, por sus siglas en inglés), orientado a fortalecer la gesti=
ón
antisoborno y la transparencia.
La teoría de la
Agencia constituyó el primer fundamento explicativo de la investigación. Je=
nsen
& Meckling (1976) plantearon que las relaciones de agencia surgen cuand=
o un
principal delega funciones o decisiones a un agente, generándose potenciales
conflictos por divergencia de intereses y asimetría de información. Traslad=
ada
a la administración pública, esta perspectiva permite comprender que la
ciudadanía y el Estado actúan como principales, mientras servidores,
administradores contractuales, fiscalizadores y contratistas participan como
agentes con acceso diferenciado a información técnica, económica y
procedimental. Graycar (2022) sostuvo que el análisis de la corrupción en
contratación requiere observar tanto la conducta de los agentes como las
estructuras que generan oportunidades para decisiones discrecionales.
En la obra públic=
a,
la asimetría se intensifica por la intervención simultánea de planificadore=
s,
comisiones técnicas, contratistas, fiscalizadores y administradores
contractuales. Mohd et al. (2024) destacaron la utilidad de una lectura
ampliada del modelo principal-agente para comprender estas interacciones. D=
esde
esta perspectiva, la transparencia reduce la distancia informativa entre
quienes administran la contratación y quienes ejercen supervisión y control;
por ello, la existencia de expedientes completos, precios unitarios accesib=
les,
cronogramas verificables y justificaciones técnicas documentadas puede
interpretarse como una salvaguarda frente al comportamiento oportunista.
El segundo refere=
nte
correspondió a la teoría institucional Meyer & Rowan (1977) explicaron =
que
las organizaciones no adoptan estructuras únicamente por razones de eficien=
cia
técnica, sino también para responder a expectativas del entorno y preservar
legitimidad. DiMaggio & Powell (1983) desarrollaron el concepto de isom=
orfismo
institucional y distinguieron mecanismos coercitivos, miméticos y normativos
que favorecen la estandarización de prácticas en un mismo campo organizacio=
nal.
La implementación=
de
ISO 37001:2025 puede interpretarse dentro de esta lógica, porque las entida=
des
públicas afrontan presiones jurídicas, sociales y profesionales para demost=
rar
integridad, rendición de cuentas y prevención de la corrupción. No obstante=
, la
teoría también advierte que la adopción de estructuras puede limitarse al p=
lano
formal. Esta distinción resultó central para el estudio: no bastaba constat=
ar
políticas o procedimientos de integridad, sino establecer si los componentes
antisoborno se reflejaban en trazabilidad, publicidad, acceso a información=
y
rendición de cuentas verificables.
El enfoque de
sistemas de gestión y mejora continua constituyó el tercer fundamento
teórico-operativo de la investigación. Desde esta perspectiva, una organiza=
ción
no debía limitarse a establecer controles aislados frente a un problema
determinado, sino articular políticas, responsabilidades, procedimientos,
mecanismos de seguimiento y acciones de mejora dentro de un sistema suscept=
ible
de evaluación periódica. La mejora organizacional fue concebida, por tanto,
como un proceso continuo en el que las decisiones se sustentan en informaci=
ón
verificable, se ejecutan acciones previamente planificadas, se evalúan sus
resultados y se introducen ajustes en función de las desviaciones y
oportunidades identificadas. Esta lógica se corresponde con el ciclo =
Plan-Do-Check-Act
(PDCA), denominado en español Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHV=
A),
ampliamente desarrollado dentro de la gestión de la calidad y asociado con =
el
enfoque de mejora continua difundido por Deming (2018).
La fase planificar
comprende la identificación de problemas, riesgos, objetivos, recursos,
responsabilidades e indicadores necesarios para orientar una intervención
institucional. La fase hacer supone la ejecución de las acciones y controles
definidos durante la planificación. La fase verificar incorpora el seguimie=
nto,
la medición de indicadores, la revisión de evidencias y la auditoría de los
resultados alcanzados; mientras que la fase Actuar utiliza los hallazgos
obtenidos para implementar acciones correctivas, fortalecer los controles y
retroalimentar un nuevo ciclo de planificación. En consecuencia, el PDCA/PH=
VA
no representa una secuencia lineal con un punto definitivo de cierre, sino =
un
mecanismo recurrente mediante el cual la organización puede revisar y
perfeccionar progresivamente sus procesos.
Esta perspectiva resultó pertinente para analizar la Norma ISO 37001:2025, debido a que esta establece requisitos y orientaciones para establecer, implementar, mantener= y mejorar un sistema de gestión antisoborno orientado a prevenir, detectar y responder al soborno. Entre sus componentes se encuentran la evaluación periódica de riesgos, la debida diligencia, los controles financieros y no financieros, los mecanismos de reporte, la investigación, el seguimiento y = la mejora de las medidas antisoborno (ISO, 2025). De esta manera, la implementación de la norma no debía interpretarse como la incorporación ais= lada de documentos o controles, sino como un sistema articulado que requiere planificación, ejecución, evaluación y mejora continua. La literatura recie= nte sobre sistemas integrados de gestión también ha destacado que la eficacia de los sistemas de compliance y gestión antisoborno depende de su incorporación a procesos organizacionales permanentes y de su capacidad para ser evaluados y mejorados sistemáticamente (Malega & Majerník, 2024). <= o:p>
La aplicación de =
esta
lógica adquirió especial relevancia en la contratación pública de obras, de=
bido
a que los riesgos de corrupción y soborno pueden presentarse en diferentes
etapas del ciclo contractual y requieren respuestas institucionales que
combinen medidas preventivas, controles de gestión, mecanismos de detección=
y
acciones correctivas. Lehtinen et al. (2022) señalaron que las medidas
anticorrupción aplicadas a proyectos pueden adoptar formas complementarias,=
de
cumplimiento, gestión, investigación, reacción y regulación, y que su
efectividad se relaciona, entre otros mecanismos, con el fortalecimiento de=
la
transparencia de las operaciones. Este planteamiento resultó consistente co=
n la
investigación, debido a que el análisis de la implementación de componentes
antisoborno se vinculó con resultados verificables de transparencia,
particularmente trazabilidad documental, publicidad de información, rendici=
ón
de cuentas y acceso efectivo a la información.
En el contexto
específico del MIT, el ciclo PDCA/PHVA proporcionó además la estructura
conceptual para trasladar el diagnóstico obtenido a una propuesta instituci=
onal
de intervención. La planificación permitió partir de una línea base sobre
gestión de riesgos, controles antisoborno y transparencia; la ejecución
posibilitó organizar acciones sobre gestión de riesgos y debida diligencia,
controles operativos, mecanismos de denuncia y publicidad; la verificación
incorporó indicadores, auditoría y revisión de evidencias; y la actuación
permitió transformar los hallazgos de dicha evaluación en acciones correcti=
vas
y nuevas decisiones de planificación. En consecuencia, la relación entre ISO
37001:2025 y el PDCA/PHVA permitió articular los componentes preventivos del
sistema antisoborno con mecanismos permanentes de seguimiento y mejora.
Este tercer
fundamento complementó las dos teorías desarrolladas previamente. Mientras =
la
Teoría de la Agencia permitió explicar las asimetrías de información y los
riesgos de comportamiento oportunista presentes en la contratación pública,=
y
la Teoría Institucional permitió comprender las presiones y necesidades de
legitimidad que pueden promover la adopción de estándares organizacionales,=
el
enfoque de sistemas de gestión basado en PDCA/PHVA proporcionó la lógica
operativa mediante la cual dichos riesgos podían ser gestionados de manera
sistemática. De este modo, las tres perspectivas permitieron explicar,
respectivamente, por qué surge el riesgo, por qué una institución puede ado=
ptar
un sistema formal de gestión antisoborno y cómo dicho sistema puede
implementarse, verificarse y mejorarse de forma continua.
La Norma ISO
37001:2025 establece requisitos y orientaciones para establecer, implementa=
r,
mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. Su estructura
incorpora liderazgo, evaluación de riesgos, debida diligencia, controles
financieros y no financieros, mecanismos para plantear inquietudes,
investigación y mejora continua (ISO, 2025). La variable independiente se
operacionalizó, por tanto, mediante tres dimensiones: gestión de riesgos y
debida diligencia; controles operativos antisoborno; y canales de reporte e
investigación.
Los antecedentes latinoamericanos mostraron que la adopción de sistemas basados en ISO 37001 puede contribuir a formalizar la identificación de riesgos y fortalecer prácticas de integridad. Monroy et al. (2022) evaluaron la gestión antisobo= rno en una economía latinoamericana; Mendoza (2025) examinó su relación con éti= ca y cumplimiento organizacional; y Rozah & Pujiyono (2022) analizaron su articulación con mecanismos de gobernanza. Sin embargo, estos estudios no relacionaron directamente la implementación del estándar con indicadores documentales de transparencia en contratación de obra pública ecuatoriana.<= o:p>
La variable
dependiente se concibió como el grado de cumplimiento del principio de
transparencia en la contratación pública de obras, entendido como la
disponibilidad de información accesible, oportuna, íntegra, verificable y ú=
til
para el control. González (2019) caracterizó la transparencia como principio
vertebrador de la contratación pública y advirtió que su cumplimiento forma=
l no
equivale necesariamente a transparencia efectiva. De modo consistente, Bauh=
r et
al. (2020) mostraron que los efectos anticorrupción dependen del momento y =
de
la naturaleza de la información disponible, mientras que Hochstetter et al.
(2023) y Khorana et al. (2024) señalaron que la digitalización requiere cal=
idad
institucional y de datos para traducirse en transparencia material.
En consecuencia, =
la
variable dependiente se organizó en tres dimensiones: trazabilidad de los
procesos contractuales, rendición de cuentas institucional y acceso efectiv=
o a
la información. En el contexto ecuatoriano, estas dimensiones guardan relac=
ión
con los desafíos documentados sobre control, supervisión y demanda ciudadan=
a de
información en contratación pública (Figueroa-Moreno et al., 2025; Jara et =
al.,
2024).
Los estudios
recientes sobre corrupción en contratación pública evidenciaron que la
detección de riesgos depende de datos completos y trazables. Adjorlolo et a=
l.
(2025) priorizaron etapas susceptibles de corrupción; Torres-Berru & Ló=
pez
(2022) y Torres-Berru et al. (2023) aplicaron minería de datos y texto al
sistema ecuatoriano para identificar posibles sesgos; y Waxenecker & Pr=
ell
(2024) mediante análisis longitudinal de contratos de construcción en
Guatemala, mostraron la persistencia de dinámicas de concentración cuando l=
as
intervenciones anticorrupción carecen de continuidad. En paralelo, los estu=
dios
sobre mecanismos de denuncia señalaron que su eficacia depende del diseño
organizacional y de condiciones institucionales que generen confianza real =
(Previtali
& Cerchiello, 2022; Vian et al., 2022).
En conjunto, la
literatura revisada mostró una fragmentación: unos estudios abordaron riesg=
o de
corrupción, otros sistemas ISO y otros transparencia o denuncia. Ninguno de=
los
antecedentes identificados operacionalizó conjuntamente la implementación de
ISO 37001:2025 y el cumplimiento de indicadores objetivos de transparencia =
en expedientes
de obra pública del MIT. Ese vacío justificó la formulación de la hipótesis
general y de dos hipótesis específicas vinculadas con las dimensiones
principales del estudio.
A partir de los
fundamentos teóricos y antecedentes examinados, se planteó como hipótesis de
partida que H1: existe una relación significativa entre la implementación d=
e la
Norma ISO 37001:2025 y el nivel de cumplimiento del principio de transparen=
cia
en la contratación pública de obras del Ministerio de Infraestructura y Tra=
nsporte
del Ecuador. Como hipótesis nula se estableció que H0: no existe una relaci=
ón
significativa entre ambas variables. De manera específica, se formuló H1a:
existe una relación significativa entre la gestión de riesgos de soborno y =
la
trazabilidad de los procesos de contratación pública de obras; y H1b: existe
una relación significativa entre los controles antisoborno y los mecanismos=
de
denuncia, y el nivel de publicidad y rendición de cuentas en dichos proceso=
s.
2.&n=
bsp;
Metodología
La investigación
adoptó un enfoque mixto, con un diseño concurrente o paralelo convergente,
sustentado en una perspectiva pragmática. La información cualitativa y
cuantitativa fue recolectada durante un mismo período y posteriormente
integrada para realizar una interpretación conjunta de los hallazgos.
El componente
cualitativo permitió comprender, mediante el análisis temático de las
entrevistas, las percepciones y experiencias de los servidores especializad=
os
respecto de los controles antisoborno y las prácticas de transparencia. El
componente cuantitativo comprendió, por una parte, la codificación de las
respuestas vinculadas con las hipótesis en variables categóricas dicotómicas
Adecuado/Insuficiente, conforme con criterios previamente definidos en la
operacionalización de las variables, lo que permitió efectuar el contraste
estadístico; y, por otra, la verificación descriptiva del cumplimiento de l=
os
indicadores de transparencia mediante la ficha de cotejo aplicada a los
expedientes seleccionados. Finalmente, la integración de ambas fuentes perm=
itió
contrastar los hallazgos cualitativos, inferenciales y documentales e
identificar convergencias y divergencias entre ellos, fortaleciendo la
interpretación global de los resultados.
Por su alcance, el
estudio fue descriptivo y correlacional. Fue descriptivo porque caracterizó=
el
nivel de desarrollo de los componentes asociados con la gestión antisoborno=
y
el grado de cumplimiento de los indicadores de transparencia; y correlacion=
al
porque examinó la asociación entre ambas variables sin pretender establecer
causalidad. Se aplicó un diseño no experimental y de corte transversal, deb=
ido
a que las variables fueron observadas en su contexto institucional sin
manipulación deliberada y la información correspondió a un único período de
observación comprendido entre 2025 y 2026.
La variable
independiente fue la implementación de la Norma ISO 37001:2025. Para efecto=
s de
la presente investigación, esta se entendió operacionalmente como el grado =
de
desarrollo o presencia de componentes institucionales alineados con sus
requisitos y orientaciones, particularmente en materia de gestión de riesgo=
s y
debida diligencia, controles operativos antisoborno y canales de reporte e
investigación. Esta denominación no implica que el MIT dispusiera de un sis=
tema
integral certificado bajo ISO 37001:2025.
La variable fue
operacionalizada mediante las dimensiones gestión de riesgos y debida
diligencia, controles operativos antisoborno y canales de reporte e
investigación. Entre sus indicadores se consideraron la madurez de la gesti=
ón
de riesgos, la debida diligencia aplicable a contratistas, la segregación de
funciones, los controles financieros relacionados con planillas y anticipos=
y
las condiciones de funcionamiento de los mecanismos de denuncia. Por tanto,=
el
término implementación utilizado en la presente investigación debe
interpretarse en sentido operacional como el grado de presencia, desarrollo=
y
aplicación de prácticas institucionales alineadas con los componentes
seleccionados de ISO 37001:2025, y no como evidencia de que el MIT haya
completado formalmente la implantación o certificación integral de un siste=
ma
de gestión antisoborno conforme a dicha norma.
La variable
dependiente fue el cumplimiento del principio de transparencia en la
contratación pública de obras, organizada en las dimensiones trazabilidad de
procesos contractuales, rendición de cuentas institucional y acceso efectiv=
o a
la información. Sus indicadores incluyeron integridad del expediente,
disponibilidad de análisis de precios unitarios y cronogramas, justificació=
n de
modificaciones contractuales, publicación de informes de fiscalización o
supervisión y acceso a información relevante.
Se consideraron d=
os
unidades de análisis complementarias, en correspondencia con el enfoque mix=
to
adoptado. La primera estuvo constituida por la unidad humana y la segunda p=
or
la unidad documental. Esta diferenciación permitió integrar la valoración de
los servidores especializados vinculados con el ciclo de contratación públi=
ca
de obras y la evidencia objetiva contenida en expedientes contractuales, sin
considerar ambas fuentes como unidades equivalentes para efectos del anális=
is
estadístico inferencial.
La unidad humana
estuvo conformada por 21 servidores especializados del área central del
Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), vinculados directamente c=
on
las etapas preparatoria, precontractual, contractual o de ejecución de los
procesos de contratación pública de obras y con funciones técnicas, jurídic=
as,
financieras o de ingeniería relacionadas con dicho ciclo. Debido al carácter
reducido y especializado de esta población, se trabajó con la totalidad de =
sus
integrantes; en consecuencia, la muestra coincidió con la población definida
para la unidad humana (N =3D 21) y se aplicó un criterio censal.
Para la unidad
documental se tomó como marco de referencia un conjunto de 25 procesos de
contratación pública que, durante el período de estudio 2025–2026, fueron
calificados institucionalmente por el MIT como procesos “élite”, debido al
riesgo identificado en su ejecución. Esta denominación corresponde a una
clasificación institucional del MIT vinculada al riesgo identificado en su
ejecución y no constituye una categorización creada por las investigadoras.=
Del
referido conjunto se seleccionaron, mediante muestreo no probabilístico
intencional, los expedientes RE-MTOP-M-001-2023 y RE-MTOP-MTOP-2024-001.
La selección de e=
stos
dos expedientes respondió a criterios de pertinencia analítica, culminación=
del
ciclo contractual, disponibilidad de documentación suficiente y posibilidad=
de
examinar integralmente los indicadores de transparencia definidos en la
investigación. Ambos procesos se encontraban terminados por recepción presu=
nta,
circunstancia que permitió revisar de manera más completa la documentación =
generada
a lo largo de las distintas etapas contractuales y aplicar homogéneamente la
ficha de cotejo documental.
La denominación M=
TOP
contenida en los códigos de los procedimientos corresponde a la identificac=
ión
institucional utilizada al momento en que estos fueron originados, cuando la
entidad operaba bajo la denominación de Ministerio de Transporte y Obras
Públicas. Los códigos fueron conservados conforme a su identificación origi=
nal
y contrastados con la información registrada en el Sistema Oficial de Co=
ntratación
Pública del Ecuador (SOCE), con el propósito de mantener la trazabilida=
d y
correspondencia con la documentación oficial consultada.
Aunque los código=
s de
los procedimientos seleccionados corresponden a los años 2023 y 2024, su
incorporación al estudio se justificó porque sus actuaciones contractuales =
se
extendieron y culminaron dentro del período 2025–2026 considerado =
en
la investigación. En consecuencia, el año consignado en el código identific=
a el
momento de inicio administrativo del procedimiento y no la totalidad de su
ciclo contractual. Esta circunstancia permitió analizar documentación,
actuaciones e indicadores de transparencia generados durante las fases
desarrolladas o concluidas dentro del período objeto de estudio.
La selección de d=
os expedientes
no tuvo como finalidad obtener representatividad estadística respecto de lo=
s 25
procesos institucionalmente calificados como “élite”. Por el contrario, est=
os
fueron considerados casos documentales seleccionados intencionalmente por su
capacidad para proporcionar evidencia completa y comparable sobre las
dimensiones de transparencia analizadas. Su función dentro del diseño mixto=
fue
descriptiva y de triangulación metodológica con los resultados obtenidos de=
la
unidad humana.
En consecuencia, =
los
porcentajes documentales obtenidos en ambos expedientes deben interpretarse
exclusivamente como resultados descriptivos de los casos seleccionados y co=
mo
evidencia de triangulación, sin extrapolarlos al conjunto de los 25 procesos
que constituyeron el marco de referencia documental.
Para la unidad hu=
mana
se utilizó la técnica de entrevista mediante una guía semiestructurada de
preguntas abiertas, aplicada a los 21 participantes. El instrumento fue
estructurado conforme a las dimensiones de ambas variables y permitió obten=
er
criterios técnicos sobre riesgos, controles, canales de denuncia, trazabili=
dad,
publicidad y rendición de cuentas. Para la unidad documental se empleó anál=
isis
documental mediante una ficha de cotejo, con la que se verificó sistemática=
mente
la presencia o ausencia de documentos y condiciones observables asociados c=
on
los indicadores de transparencia.
La validez de
contenido de ambos instrumentos fue evaluada mediante juicio de un primer p=
anel
de cinco expertos con experiencia en contratación pública y/o sistemas de
gestión antisoborno. Los jueces valoraron los ítems de los instrumentos
mediante los criterios de claridad y pertinencia. Este panel participó
exclusivamente en la validación de los instrumentos de recolección de datos=
y
fue diferente del panel de expertos que posteriormente intervino en la
validación teórica del modelo propuesto. El porcentaje de aceptación se obt=
uvo
a partir de la proporción de valoraciones favorables emitidas sobre el tota=
l de
valoraciones realizadas.
La recolección se
ejecutó en dos fases paralelas: aplicación de las entrevistas, previa
autorización institucional y consentimiento informado de los participantes,=
y
revisión de los expedientes seleccionados bajo condiciones de confidenciali=
dad
y manejo reservado de la documentación. Las entrevistas fueron procesadas
mediante análisis temático. La codificación temática fue realizada de manera
independiente por dos codificadores, quienes aplicaron las mismas categorías
previamente definidas en la matriz de operacionalización. Posteriormente, se
compararon las asignaciones efectuadas y se calculó el coeficiente Kappa de
Cohen para estimar la concordancia entre codificadores. Las discrepancias
identificadas fueron revisadas hasta alcanzar consenso para la matriz defin=
itiva
de análisis.
La unidad de
clasificación fue cada participante y no cada fragmento textual de la
entrevista. En consecuencia, para cada hipótesis cada una de las 21 unidades
humanas recibió una única clasificación por dimensión, obtenida a partir de=
la
integración de las evidencias contenidas en sus respuestas. Esta regla evitó
contabilizar múltiples fragmentos de una misma entrevista como observaciones
estadísticas independientes.
Para H1a, la
clasificación de la dimensión gestión de riesgos y debida diligencia se
contrastó con la clasificación de trazabilidad de los procesos contractuale=
s.
Para H1b, los controles operativos antisoborno y mecanismos de denuncia se
contrastaron con publicidad y rendición de cuentas. Para H1, las categorías
integradas de los componentes alineados con ISO 37001:2025 se contrastaron =
con
la valoración global del cumplimiento del principio de transparencia. En to=
dos
los casos se aplicaron previamente los mismos criterios Adecuado/Insuficien=
te a
las 21 unidades humanas, conforme con los indicadores definidos en la matriz
metodológica del estudio.
Posteriormente, l=
as
respuestas vinculadas con las hipótesis fueron codificadas en categorías
dicotómicas Adecuado/Insuficiente. La clasificación en las categorías Adecu=
ado
e Insuficiente se realizó en correspondencia con las dimensiones e indicado=
res
establecidos previamente en la matriz de operacionalización de las variable=
s.
Se asignó la categoría Adecuado cuando la evidencia contenida en la respues=
ta
del participante reflejó de manera consistente la presencia o aplicación del
indicador evaluado; en cambio, se asignó la categoría Insuficiente cuando la
respuesta evidenció ausencia, debilidad, aplicación parcial o falta de
consistencia respecto del indicador analizado. La misma regla de clasificac=
ión
se aplicó de manera uniforme a las 21 entrevistas, con el propósito de
garantizar comparabilidad entre las unidades de análisis y permitir la
construcción posterior de las tablas de contingencia 2 × 2.
En consecuencia, =
los
resultados derivados de la ficha de cotejo documental no fueron utilizados =
como
observaciones adicionales en las tablas de contingencia ni como base para
efectuar inferencias estadísticas respecto de la totalidad de los 25 proces=
os.
El contraste inferencial de las hipótesis se realizó exclusivamente a parti=
r de
las 21 unidades humanas, cuyas respuestas fueron posteriormente codificadas=
en
categorías dicotómicas para examinar la asociación entre las dimensiones de=
la
implementación de componentes alineados con ISO 37001:2025 y las dimensiones
del cumplimiento del principio de transparencia. La evidencia de los dos
expedientes se empleó para describir el nivel de cumplimiento documental y
contrastar, mediante triangulación, la consistencia de los hallazgos proven=
ientes
de las entrevistas.
Para el contraste=
de
las hipótesis se construyeron tablas de contingencia 2 × 2 y se aplicó la
prueba exacta bilateral de Fisher. El tamaño del efecto se estimó mediante =
el
coeficiente Phi (φ), calculado a partir del estadístico chi-cuadrado de
Pearson sin corrección. De forma complementaria, se utilizó la prueba
chi-cuadrado con corrección de continuidad de Yates. Se consideró un nivel =
de
significación de α =3D .05.
Una vez estructur=
ado
el modelo institucional, se efectuó su validación teórica mediante un segun=
do
panel de cinco expertos, diferente del grupo que participó en la validación=
de
los instrumentos. Los especialistas fueron seleccionados intencionalmente p=
or
su formación y experiencia profesional en contratación pública, sistemas de
gestión antisoborno o compliance, auditoría y control interno, gesti=
ón
de riesgos, transparencia y metodología de la investigación. Como criterios=
de
inclusión se consideraron la formación académica de tercer o cuarto nivel y=
una
experiencia profesional mínima de cinco años en al menos uno de los ámbitos
relacionados con la propuesta.
Los especialistas
evaluaron siete criterios: pertinencia, coherencia, suficiencia, claridad,
aplicabilidad institucional, alineación con ISO 37001:2025 y sostenibilidad=
. Se
empleó una escala ordinal de cuatro categorías: 1 =3D insuficiente, 2 =3D p=
oco
satisfactorio, 3 =3D satisfactorio y 4 =3D plenamente satisfactorio.
Adicionalmente, se solicitaron observaciones cualitativas orientadas al
perfeccionamiento del modelo. La validez de contenido fue estimada mediante=
el
coeficiente V de Aiken, y las recomendaciones formuladas por los expertos
fueron analizadas para introducir los ajustes correspondientes en la versión
final de la propuesta. La validación empírica mediante prueba piloto quedó
definida como una fase posterior de investigación.
3.&n=
bsp;
Resultados
Los resultados se
presentan de manera articulada conforme al diseño mixto concurrente adoptad=
o en
la investigación y a las variables y dimensiones definidas en la matriz de
operacionalización. En primer lugar, se exponen los hallazgos derivados del
análisis de las entrevistas aplicadas a los 21 servidores especializados,
considerando las categorías relacionadas con la gestión de riesgos y debida
diligencia, los controles operativos antisoborno, los mecanismos de denunci=
a,
la trazabilidad de los procesos, la publicidad y la rendición de cuentas.
Posteriormente, se presentan los resultados del contraste estadístico de las
hipótesis específicas y de la hipótesis general, a partir de las categorías
Adecuado/Insuficiente asignadas a cada participante. Finalmente, se incorpo=
ra
la evidencia obtenida mediante la revisión de los dos expedientes contractu=
ales
seleccionados, con el propósito de complementar y triangular los hallazgos
provenientes de la unidad humana. Esta organización permite examinar de for=
ma
integrada la relación entre el nivel de desarrollo de componentes
institucionales alineados con la Norma ISO 37001:2025 y el cumplimiento del
principio de transparencia en la contratación pública de obras, sin atribuir
relaciones de causalidad.
La valoración
efectuada por el primer panel de cinco jueces expertos, encargado de la
validación de los instrumentos de recolección de datos, mostró una elevada
correspondencia entre los ítems propuestos y las dimensiones investigadas. =
El
92 % de los ítems de los instrumentos fue calificado como claro y pertinent=
e,
mientras que las observaciones realizadas sobre el porcentaje restante
correspondieron principalmente a ajustes de forma. Después de la aplicación=
, la
concordancia alcanzada en el proceso de codificación temática registró un
coeficiente Kappa de Cohen de κ =3D .86, resultado que evidenció un ni=
vel
adecuado de acuerdo entre codificadores.
El análisis de las
entrevistas permitió identificar tres patrones temáticos predominantes. El
principal estuvo relacionado con debilidades de los controles operativos
durante la etapa contractual; otro se vinculó con limitaciones en la public=
idad
de información técnica relevante; y un tercer patrón expresó una valoración
favorable respecto de la utilidad potencial de implementar un sistema
antisoborno estructurado bajo ISO 37001:2025. La Tabla 1 sintetiza estas
categorías sin sustituir la interpretación analítica de los hallazgos.
Categorías temáti=
cas
identificadas en la guía de entrevista
|
Categoría temática |
N.º de participantes |
% |
|
Debilidad de los
controles operativos antisoborno en la etapa contractual |
16 / 21 |
76 % |
|
Baja publicidad =
de
los análisis de precios unitarios y cronogramas |
13 / 21 |
62 % |
|
Percepción favor=
able
sobre la utilidad de una certificación ISO 37001:2025 para el MIT<=
span
style=3D'font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",=
serif;
mso-bidi-font-weight:bold'> |
17 / 21 |
81 % |
Nota. N =3D 21 participantes. Los porcenta=
jes se
calcularon respecto del total de participantes. Las categorías temáticas no=
son
mutuamente excluyentes; por tanto, un mismo participante pudo aportar evide=
ncia
a más de una categoría y los porcentajes no suman necesariamente 100 %. Ela=
borado
a partir de los resultados de la investigación.
La concentración =
de
respuestas en torno a los controles operativos evidenció que la problemátic=
a no
fue percibida principalmente como ausencia de normas, sino como una brecha
entre los mecanismos formales y su aplicación durante el desarrollo contrac=
tual.
Las referencias recurrentes a segregación de funciones y controles financie=
ros
sugirieron que las principales oportunidades de fortalecimiento se ubicaron=
en
procedimientos internos capaces de prevenir, detectar y documentar decision=
es
sensibles. De manera convergente, la limitada publicidad de información téc=
nica
mostró que la transparencia no podía reducirse a la publicación de actos
administrativos, sino que debía incluir datos suficientes para comprender y
verificar las decisiones adoptadas.
La revisión de los
dos expedientes seleccionados evidenció diferencias en el nivel de cumplimi=
ento
de los indicadores de transparencia. El segundo expediente presentó un nive=
l de
cumplimiento superior al primero; sin embargo, en ambos casos la principal
brecha se concentró en la publicación oportuna de informes de supervisión
durante la ejecución contractual, mientras que la documentación precontract=
ual
mostró un comportamiento comparativamente más favorable. La Figura 1
Cumplimiento
documental de los indicadores de transparencia por expediente
Nota. Los porcentajes representan la proporción de
indicadores de transparencia documental cumplidos respecto del total de
indicadores aplicables en cada expediente analizado. RE-MTOP-M-001-2023 =3D=
58 %;
RE-MTOP-MTOP-2024-001 =3D 71 %. Elaborado a partir de la ficha de cotejo
documental.
La diferencia
observada entre expedientes con perfiles de riesgo comparables indicó que el
cumplimiento documental no fue uniforme. Más importante aún, las principales
deficiencias se ubicaron en información producida durante la ejecución
contractual, lo que resultó consistente con las percepciones de los
entrevistados acerca de una mayor debilidad de los controles operativos en =
esa
fase. Esta convergencia entre fuentes fortaleció la interpretación derivada=
del
diseño mixto.
Para evaluar H1a =
se
relacionó el nivel percibido de gestión de riesgos y debida diligencia con =
el
nivel percibido de trazabilidad de los procesos. La distribución observada
mostró un patrón de correspondencia: las valoraciones adecuadas de la gesti=
ón
de riesgos tendieron a concentrarse en niveles adecuados de trazabilidad,
mientras que las valoraciones insuficientes se concentraron en situaciones =
de
trazabilidad deficiente. La distribución conjunta de ambas dimensiones se
presenta en la Tabla 2=
.
Gestión de riesgo=
s y
debida diligencia × trazabilidad de los procesos de contratación pública de
obras
|
Gestión de riesgos y debida diligencia |
Trazabilidad adecuada |
Trazabilidad insuficiente |
Total |
|
Adecuada |
7 |
2 |
9 |
|
Insuficiente |
2 |
10 |
12 |
|
Total |
9 |
12 |
21 |
Nota. N =3D 21. Prueba exacta de Fisher bilateral, p=
=3D
.0092; χ² de Yates (1, N =3D 21) =3D 5.55, p =3D .0185; =
φ =3D
.61. Elaborado a partir de los resultados de la investigación.
La prueba exacta
bilateral de Fisher produjo p =3D .0092, por debajo del nivel de
significación establecido. La prueba chi-cuadrado con corrección de continu=
idad
de Yates confirmó la asociación (χ² =3D 5.55; p =3D .0185), mie=
ntras
que el coeficiente Phi, calculado a partir del chi-cuadrado de Pearson sin
corrección, evidenció un tamaño del efecto grande (φ =3D .61). En
consecuencia, se rechazó la hipótesis nula de independencia y se obtuvo
evidencia estadística a favor de H1a, evidenciándose una relación estadísti=
camente
significativa entre la gestión de riesgos de soborno y la trazabilidad de l=
os
procesos de contratación pública de obras.
Para evaluar H1b =
se
relacionó el nivel percibido de controles operativos antisoborno y canales =
de
denuncia con el nivel de publicidad y rendición de cuentas. El patrón obser=
vado
mostró una concentración de niveles insuficientes de publicidad y rendición=
de
cuentas en aquellos casos en los que los controles operativos y los mecanis=
mos
de denuncia también fueron clasificados como insuficientes. La distribución
correspondiente entre ambas dimensiones se presenta en la Tabla 3.
Controles operati=
vos
antisoborno y canales de denuncia × publicidad y rendición de cuentas
|
Controles operativos y canales de denuncia |
Publicidad/rendición adecuada |
Publicidad/rendición insuficiente |
Total |
|
Adecuada |
4 |
1 |
5 |
|
Insuficiente |
3 |
13 |
16 |
|
Total |
7 |
14 |
21 |
La prueba exacta
bilateral de Fisher produjo p =3D .0251 y la prueba chi-cuadrado con
corrección de continuidad de Yates registró χ² =3D 3.97 y p =3D=
.0463.
El coeficiente Phi, calculado a partir del chi-cuadrado de Pearson sin
corrección, evidenció un tamaño del efecto grande (φ =3D .55). Por
consiguiente, se rechazó la hipótesis nula de independencia y se obtuvo
evidencia estadística a favor de H1b, al evidenciarse una relación signific=
ativa
entre los controles antisoborno y los mecanismos de denuncia, por una parte=
, y
la publicidad y rendición de cuentas, por otra.
Finalmente, se
examinó la hipótesis general mediante la relación entre el nivel global
percibido de implementación de ISO 37001:2025 y el nivel de cumplimiento del
principio de transparencia. La distribución mantuvo el patrón observado en =
las
hipótesis específicas: los niveles adecuados de implementación tendieron a
asociarse con transparencia adecuada y, de forma inversa, las deficiencias =
de
implementación se concentraron en niveles insuficientes de transparencia. La
relación global entre las variables de estudio se presenta en la =
Tabla 4.
Implementación de=
ISO
37001:2025 × cumplimiento del principio de transparencia
|
Implementación de ISO 37001:2025 |
Transparencia adecuada |
Transparencia insuficiente |
Total |
|
Adecuada |
7 |
2 |
9 |
|
Insuficiente |
1 |
11 |
12 |
|
Total |
8 |
13 |
21 |
Nota. N =3D 21. Prueba exacta de Fisher bilateral, p=
=3D
.0022; χ² de Yates (1, N =3D 21) =3D 7.78, p =3D .0053; =
φ =3D
.71. Elaborado a partir de los resultados de la investigación.
La prueba exacta
bilateral de Fisher produjo p =3D .0022 y la prueba chi-cuadrado con
corrección de continuidad de Yates confirmó el resultado (χ² =3D 7.78;=
p
=3D .0053). El coeficiente Phi, calculado a partir del chi-cuadrado de Pear=
son
sin corrección, evidenció un tamaño del efecto grande (φ =3D .71). En
consecuencia, se rechazó H0 y se obtuvo evidencia estadística a favor de H1.
Los resultados indicaron una asociación estadísticamente significativa y de
magnitud importante entre el nivel percibido de desarrollo de componentes
alineados con ISO 37001:2025 y el nivel percibido de cumplimiento del princ=
ipio
de transparencia entre las 21 unidades humanas analizadas. La evidencia
documental de los dos expedientes proporcionó un elemento complementario de
triangulación respecto de las brechas de transparencia identificadas. Este
resultado no implica causalidad, dado el alcance correlacional y el diseño =
no
experimental del estudio.
4.&n=
bsp;
Discusión
Los resultados del
componente inferencial evidenciaron una asociación estadísticamente
significativa entre el nivel percibido de desarrollo de componentes alinead=
os
con ISO 37001:2025 y el nivel percibido de cumplimiento del principio de
transparencia entre los 21 participantes del estudio. La prueba exacta
bilateral de Fisher aportó evidencia estadística a favor de las hipótesis
específicas H1a y H1b y de la hipótesis general H1; asimismo, las tablas de
contingencia mostraron que las valoraciones insuficientes de los componentes
antisoborno tendieron a concentrarse junto con niveles insuficientes de
trazabilidad, publicidad y transparencia. De manera complementaria, la revi=
sión
documental de los dos expedientes permitió contrastar descriptivamente las =
brechas
identificadas, particularmente en la trazabilidad y publicidad de informaci=
ón
durante la ejecución contractual. La convergencia entre la evidencia
proveniente de las entrevistas y la revisión documental fortaleció la
interpretación conjunta de los hallazgos; no obstante, debido al carácter
transversal y no experimental del estudio, estos resultados evidencian una
asociación y no permiten establecer relaciones causales ni generalizar los
resultados documentales al conjunto de los procesos de contratación del MIT=
.
Desde la Teoría d=
e la
Agencia, los hallazgos son congruentes con la idea de que la asimetría de
información incrementa las posibilidades de comportamiento oportunista cuan=
do
los agentes disponen de información técnica y procedimental que el principa=
l no
puede verificar de manera inmediata (Jensen & Meckling, 1976). En el ca=
so
estudiado, las debilidades descritas en segregación de funciones, controles
sobre planillas y anticipos y publicación de información durante la ejecuci=
ón
contractual amplían esa asimetría. En consecuencia, el modelo propuesto
concentra medidas preventivas y de trazabilidad precisamente en los puntos
donde el diagnóstico mostró mayor vulnerabilidad.
Desde la teoría
institucional, la percepción favorable del 81 % de los participantes hacia =
una
eventual certificación sugiere que ISO 37001:2025 puede funcionar, además de
como herramienta técnica, como mecanismo de legitimidad institucional. No
obstante, la advertencia de Meyer & Rowan (1977) sobre la posible
separación entre estructuras formales y prácticas efectivas resulta
especialmente pertinente: una certificación solo sería coherente con los
hallazgos si se acompaña de controles verificables, evidencias documentales=
y
seguimiento continuo. DiMaggio & Powell (1983) permiten interpretar,
asimismo, que la adopción de estándares puede responder a presiones normati=
vas,
profesionales y miméticas; el reto metodológico consiste en evitar que esa
adopción sea únicamente formal.
La concentración =
de
brechas en información producida durante la ejecución contractual también
coincide con la literatura que advierte que la transparencia no produce los
mismos efectos en todas sus modalidades. Bauhr et al. (2020) muestran que la
oportunidad y el tipo de transparencia condicionan su capacidad anticorrupc=
ión,
mientras Khorana et al. (2024) señalan que la existencia de plataformas
electrónicas no garantiza por sí sola transparencia sustantiva. En el conte=
xto
ecuatoriano, Jara et al. (2024) resaltan la relevancia del acceso efectivo =
a la
información en contratación pública. Estos antecedentes respaldan que el te=
rcer
eje del modelo no se limite a “publicar más”, sino a mejorar integridad,
oportunidad, verificabilidad y utilidad de la información.
Los hallazgos
vinculados con controles operativos y mecanismos de denuncia también guardan
relación con Rozah & Pujiyono (2022) quienes analizan la alineación de =
ISO
37001 con mecanismos de gobernanza para mitigar riesgos de soborno, y con P=
revitali
& Cerchiello (2022) quienes muestran que la efectividad de los canales =
de
denuncia depende de condiciones organizacionales concretas. Por su parte, W=
axenecker
& Prell (2024) evidencian que los riesgos de corrupción pueden reaparec=
er
cuando las intervenciones pierden continuidad. Esta evidencia refuerza la
decisión de estructurar la propuesta mediante un ciclo recurrente de
planificación, ejecución, verificación y mejora, en lugar de plantear una
intervención aislada.
Desde el enfoque =
de
sistemas de gestión y mejora continua, los resultados también respaldaron la
pertinencia de estructurar la intervención mediante un ciclo PDCA/PHVA. Las
brechas identificadas en controles operativos, trazabilidad y publicación de
información no constituyeron problemas aislados, sino aspectos
interdependientes que requieren planificación, ejecución, seguimiento y aju=
ste
periódico. Esta interpretación guarda correspondencia con Malega & Maje=
rník
(2024) quienes destacan la integración y mejora continua como condiciones p=
ara
la consolidación de sistemas de compliance, y con Lehtinen et al. (2=
022)
quienes señalan que la efectividad de las medidas anticorrupción en proyect=
os
depende de la combinación de diferentes mecanismos de gestión y del
fortalecimiento de la transparencia. En este sentido, el ciclo PDCA/PHVA
permitió transformar los hallazgos del diagnóstico en una estructura recurr=
ente
de intervención, verificación y mejora, evitando que la propuesta se limite=
a
acciones correctivas de carácter puntual.
En términos
prácticos, la contribución del estudio consiste en trasladar los hallazgos a
una arquitectura de implementación que conecta controles antisoborno con
resultados observables de transparencia. El modelo no parte de la premisa de
que la certificación, por sí sola, resolverá las brechas encontradas; plant=
ea
que la certificación debe ser la consecuencia de un sistema previamente imp=
lementado,
auditado y sujeto a mejora continua. Esta secuencia es coherente con la
finalidad de ISO 37001:2025 y con el diagnóstico institucional obtenido en =
el
estudio (ISO, 2025).
En correspondencia
con estos hallazgos, la propuesta derivada consiste en un modelo institucio=
nal
de implementación de ISO 37001:2025 estructurado mediante el ciclo PDCA/PHV=
A.
El modelo comprende cuatro fases: Planificar, orientada a la habilitación
administrativa, conformación del equipo técnico y establecimiento de la lín=
ea
base; Hacer, destinada a ejecutar los ejes de gestión de riesgos y debida
diligencia, controles operativos y canales de denuncia, y gobierno electrón=
ico
y publicidad; Verificar, enfocada en el seguimiento de indicadores, la veed=
uría
y la auditoría interna; y Actuar, dirigida a establecer acciones correctiva=
s y
un plan de mejora que retroalimente un nuevo ciclo. Su implementación requi=
ere
recursos humanos interdisciplinarios, herramientas documentales y tecnológi=
cas,
disponibilidad presupuestaria y seguimiento institucional. De esta manera, =
la
propuesta mantiene correspondencia directa con las brechas identificadas y
articula el diagnóstico con una solución práctica, progresiva, validada
teóricamente y susceptible de evaluación empírica.
La investigación
presenta limitaciones que deben considerarse al interpretar sus resultados.=
La
unidad humana estuvo constituida por 21 participantes, todos ellos servidor=
es
especializados del área central del MIT, mientras que la verificación docum=
ental
se concentró en dos expedientes seleccionados intencionalmente. En
consecuencia, la evidencia documental permite una triangulación profunda de
casos, pero no representa estadísticamente a la totalidad de los procesos de
contratación de obras. Además, el carácter transversal y no experimental im=
pide
establecer relaciones causales y limita la evaluación de cambios en el tiem=
po.
Finalmente, la conversión de respuestas cualitativas a categorías dicotómic=
as
facilitó el contraste inferencial, pero redujo parte de la riqueza y matices
contenidos en las entrevistas originales.
Las investigacion=
es
futuras deberían ampliar el número de expedientes y unidades ejecutoras,
incorporar diseños longitudinales que permitan comparar indicadores antes y
después de la implementación del modelo, y evaluar empíricamente un primer
ciclo PDCA/PHVA. También resultaría pertinente comparar entidades públicas =
con
y sin sistemas de gestión antisoborno certificados, analizar la sostenibili=
dad
de los controles a través del tiempo y estudiar la relación entre transpare=
ncia
contractual, desempeño de la obra, competencia entre oferentes y ocurrencia=
de
alertas o denuncias.
La propuesta
corresponde a un modelo institucional de implementación de la Norma ISO
37001:2025 basado en el ciclo PDCA/PHVA, seleccionado en función de los
hallazgos obtenidos durante el diagnóstico. Las brechas identificadas en los
controles operativos antisoborno, la publicidad de información técnica y la
trazabilidad durante la ejecución contractual evidenciaron la necesidad de =
una
respuesta de carácter sistémico que articule componentes organizacionales,
procedimentales, tecnológicos y de control, en lugar de intervenciones
aisladas.
El objetivo princ=
ipal
de este modelo es diseñar una ruta estructurada que permita orientar la
implementación progresiva de un sistema de gestión antisoborno en el MIT,
pasando de una situación de controles formales y dispersos hacia un sistema
articulado, evaluable y susceptible de eventual certificación, que contribu=
ya
al fortalecimiento del principio de transparencia en los procesos de
contratación de obra pública. Para ello, se establece como meta operativa
alcanzar una mejora sustantiva respecto de la línea base en los indicadores=
de
transparencia documental aplicables a los procesos piloto. El umbral defini=
tivo
de desempeño deberá establecerse considerando la línea base institucional, =
los
resultados de la validación teórica ya realizada y las condiciones de
factibilidad técnica, operativa y económica.
La propuesta se
estructura mediante las cuatro fases recurrentes del ciclo Planificar-Ha=
cer-Verificar-Actuar
(PDCA/PHVA). La fase Planificar comprende la habilitación administrativ=
a,
la conformación del equipo técnico y el establecimiento de la línea base; H=
acer
concentra la ejecución de tres ejes operativos: gestión de riesgos y debida
diligencia, controles operativos y canales de denuncia, y gobierno electrón=
ico
y publicidad; Verificar incorpora el seguimiento de indicadores, la veedurí=
a y
la auditoría interna; y Actuar contempla las acciones correctivas, el plan =
de
mejora institucional y la retroalimentación del siguiente ciclo. Esta secue=
ncia
permite integrar responsables, herramientas, indicadores y mecanismos de
evaluación dentro de una lógica de mejora continua.
La implementación=
del
modelo requiere recursos humanos, documentales, tecnológicos y financieros.=
En
el componente humano se prevé la participación coordinada de las direccione=
s de
Contratación Pública, Asesoría Jurídica, Financiera y Auditoría Interna, así
como de administradores contractuales y fiscalizadores, con respaldo de la
máxima autoridad institucional. Los recursos documentales comprenden
procedimientos, matrices, listas de verificación, formatos de auditoría y
evidencias de control; mientras que los recursos tecnológicos incluyen
herramientas de gestión documental, trazabilidad, analítica e interoperabil=
idad
con el SOCE y mecanismos seguros para la gestión de denuncias. Finalmente, =
los
requerimientos financieros deberán contemplar capacitación, adecuaciones
tecnológicas, asistencia técnica, auditorías y, de corresponder, el proceso=
de
certificación, sustentados previamente en disponibilidad presupuestaria y
cotizaciones vigentes.
Con base en los
resultados obtenidos, se propone un modelo sustentado en los tres pilares
teóricos desarrollados en el marco teórico. La Teoría de la Agencia permite
interpretar las asimetrías de información y los riesgos de comportamiento
oportunista entre los actores del ciclo contractual; la Teoría Institucional
permite comprender cómo la adopción de estándares formales puede contribuir=
a
la legitimidad organizacional cuando se traduce en prácticas efectivas; y el
enfoque de sistemas de gestión basado en el ciclo PDCA/PHVA aporta la lógica
operativa para organizar la implementación en fases medibles y sujetas a me=
jora
continua. Este último enfoque constituye la columna vertebral del modelo po=
r su
compatibilidad con la lógica de establecimiento, implementación, evaluación=
y
mejora prevista por ISO 37001:2025.
Como antecedente
institucional se considera la experiencia de implementación y certificación=
del
Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 del SERCOP (2019), sin que el=
lo
implique reproducir automáticamente su modelo, dado que la propuesta fue
diseñada en función de las características, riesgos y hallazgos específicos=
de
la contratación pública de obras del MIT.
En términos
operativos, el modelo busca transitar desde una situación de controles form=
ales
y dispersos hacia un sistema articulado, evaluable y susceptible de eventual
certificación, que contribuya al fortalecimiento progresivo del principio d=
e transparencia
en los procesos de contratación pública de obras del MIT. El modelo se orga=
niza
en cuatro fases, correspondientes a las etapas del ciclo de mejora continua
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA/PHVA):
Esta fase compren=
de
dos componentes secuenciales. El primer componente integra los procesos par=
a la
planificación del proyecto de implementación, el cual, siguiendo el trámite
ordinario de un proyecto de inversión pública, adoptaría la siguiente
secuencia: (a) elaboración y presentación del proyecto de inversión
institucional para la implementación de la Norma ISO 37001:2025, junto con =
los
estudios y documentación de respaldo, a cargo de la Unidad Requirente; (b)
verificación de la disponibilidad presupuestaria por parte de la Dirección
Financiera; (c) asignación presupuestaria formal dentro del Plan Operativo
Anual y del Plan Anual de Inversiones; (d) aprobación del proyecto mediante=
el
acto administrativo correspondiente, emitido por la autoridad competente
(máxima autoridad institucional o su delegado); y (e) conformación oficial =
del
equipo técnico responsable de la implementación.
El segundo compon=
ente
es el diagnóstico institucional propiamente dicho, que en este estudio fue
instrumentalizado a través de la guía de entrevista y la ficha de cotejo
documental. El resultado de esta fase es una línea base de la implementació=
n de
la ISO 37001:2025 y del nivel de cumplimiento de transparencia, desagregada=
por
las seis dimensiones ya operacionalizadas (gestión de riesgos, controles
operativos, canales de denuncia, trazabilidad, rendición de cuentas, acceso=
a
la información).
A partir de esta
línea base se determinará el porcentaje inicial de cumplimiento de los indi=
cadores
de transparencia documental aplicables, que constituirá el punto de referen=
cia
para evaluar posteriormente el avance hacia la meta operativa propuesta.
Se recomienda que=
el
equipo técnico esté conformado por representantes de la Dirección de Contra=
tación
Pública, de la Dirección de Asesoría Jurídica y de la Dirección Financiera =
del
MIT, considerando un plazo estimado de tres a cuatro meses para la presenta=
ción
y aprobación del proyecto y para la ejecución del diagnóstico conjunto. Como
producto de esta fase se obtendría un informe de línea base que serviría co=
mo
insumo directo para las decisiones de la Fase 2. La secuencia administrativ=
a y
técnica propuesta para desarrollar esta primera fase se representa en la Figura 2
Flujograma del pr=
oceso
administrativo (Fase 1) para la implementación de la Norma ISO 37001:2025 e=
n el
MIT
|
a)
Elaboración y presentación del proyecto de inversión institucional (Unidad
Requirente) |
|
↓ |
|
b)
Verificación de la disponibilidad presupuestaria (Dirección
Financiera) |
|
↓ |
|
c)
Asignación presupuestaria formal (Plan
Operativo Anual / Plan Anual de Inversiones) |
|
↓ |
|
d)
Aprobación del proyecto mediante acto administrativo (máxima
autoridad institucional o su delegado) |
|
↓ |
|
e)
Conformación oficial del equipo técnico responsable de
la implementación |
|
↓ |
|
Diagnóstico
institucional Guía
de entrevista (21 participantes) + ficha de cotejo documental (2 expedien=
tes) |
|
↓ |
|
Línea
base del nivel de implementación de ISO 37001:2025 y
del nivel de cumplimiento de transparencia (6 dimensiones) |
|
↓ |
|
Continúa
en Fase 2 - Hacer |
Nota. Secuencia propuesta para la habilitación
administrativa, diagnóstico institucional y establecimiento de la línea bas=
e de
la Fase 1. Elaborado a partir de los resultados de la investigación.
A partir de la lí=
nea
base obtenida en la Fase 1, se modelan tres ejes de intervención, cada uno
desagregado en acciones concretas e indicadores de seguimiento:
Esta fase se enfo=
ca
en la veeduría como mecanismo fundamental de retroalimentación continua sob=
re
los tres ejes anteriores. Comprende auditorías internas periódicas, la
publicación de informes de supervisión durante la ejecución de la obra y
espacios formales de control social. Los indicadores de seguimiento se
diseñarían con base en las seis dimensiones operacionalizadas en este estud=
io,
que incluyen gestión de riesgos y debida diligencia, controles operativos
antisoborno y canales de reporte e investigación, para la variable
independiente; trazabilidad de procesos contractuales, rendición de cuentas
institucional y acceso efectivo a la información, para la variable dependie=
nte;
desagregadas en los indicadores documentales verificables ya identificados =
en
la ficha de cotejo documental, que incluyen integridad de expedientes,
publicación de análisis de precios unitarios y cronogramas, justificación
técnica de contratos complementarios, frecuencia de informes de supervisión
publicados y tiempos de respuesta a solicitudes de acceso a la información.=
Una vez implement=
ados
los controles previstos, consolidados los indicadores de seguimiento y
verificada internamente la operatividad del sistema, la institución podría
considerar el inicio del proceso de certificación ante un organismo de
certificación acreditado. Este proceso comprendería, de manera referencial:=
(a)
una auditoría documental del sistema de gestión antisoborno; (b) una audito=
ría in
situ para verificar la aplicación efectiva de los controles, incluyendo
entrevistas al personal y revisión de expedientes; (c) el levantamiento y
cierre de las no conformidades identificadas, cuando corresponda; y (d) la
eventual emisión del certificado ISO 37001:2025, sujeto a auditorías periód=
icas
de seguimiento.
El costo del proc=
eso
de auditoría y eventual certificación deberá determinarse mediante cotizaci=
ones
vigentes solicitadas a organismos de certificación acreditados, considerand=
o el
alcance del sistema, el número de unidades involucradas, la complejidad de =
los
procesos y las condiciones institucionales existentes al momento de iniciar=
el
procedimiento.
Es importante señ=
alar
que la veeduría continua debería institucionalizarse mediante un informe an=
ual
e incorporarse formalmente al Plan Anual de Auditoría Interna de la
institución, de modo que su continuidad no dependa de la gestión de una
autoridad en particular, sino que se configure como un parámetro de gestión
institucional, dando respuesta, de esta manera, a lo señalado por Waxenecke=
r &
Prell (2024) respecto de la reaparición de riesgos de corrupción cuando una
intervención anticorrupción pierde continuidad en el tiempo.
Esta fase implica=
el
análisis de los hallazgos de la auditoría interna, la veeduría y la auditor=
ía
de certificación o de seguimiento, para definir e implementar acciones corr=
ectivas
y de mejora en las fases planteadas. Estas acciones se formalizarían en un =
plan
de mejora institucional con responsables y plazos definidos, el cual
alimentaría directamente la siguiente ronda del ciclo. De esta manera, esta
última fase no cierra el modelo, sino que retroalimenta directamente a la F=
ase
1, donde cada ronda de auditorías internas, veeduría y ajustes correctivos
genera una nueva línea base, más precisa que la anterior, sobre la que puede
planificarse de mejor manera el siguiente ciclo. Esto es lo que diferencia =
el
modelo de un plan de mejoras puntual.
Con el propósito =
de
fortalecer la sostenibilidad del modelo, las acciones de seguimiento, audit=
oría
y mejora derivadas de cada ciclo deberán incorporarse progresivamente a los
instrumentos ordinarios de planificación y control institucional, asignando
responsables, periodicidad de evaluación y recursos requeridos para su
continuidad. De esta manera, la permanencia del sistema no dependerá
exclusivamente de decisiones coyunturales, sino de su integración a los
mecanismos regulares de gestión del MIT.
Esta lógica de me=
jora
continua constituye la estructura operativa del modelo y resulta compatible=
con
el proceso de establecimiento, implementación, mantenimiento, revisión y me=
jora
previsto por ISO 37001:2025 (ISO, 2025). En la Tabla 5 se propone un
cronograma de ejecución estimado, considerando los procedimientos inherentes
que se ejecutan dentro de una institución pública.
Cronograma estima=
do
para la implementación progresiva del modelo
|
Fase |
Actividad principal |
Responsable principal |
Duración estimada |
|
Fase 1 |
Habilitación
administrativa (proyecto de inversión, presupuesto y acto administrativo)=
|
Unidad
requirente y Dirección Financiera |
1–2 meses |
|
Fase 1 |
Diagnóstico
institucional y establecimiento de la línea base (entrevistas a personal
clave y ficha de cotejo documental) |
Equipo
técnico interdisciplinario |
2 meses |
|
Fase 2 |
Ejecución
de los tres ejes operativos de intervención (Ejes 1, 2 y 3) |
Direcciones
responsables por eje |
6–9 meses |
|
Fase 3 |
Auditoría
interna, veeduría y verificación documental y en campo |
Auditoría
Interna y equipo técnico |
2–3 meses |
|
Fase 3 |
Preparación
para una eventual certificación ISO 37001:2025 |
Equipo
técnico responsable del sistema |
2–3 meses |
|
Fase 4 |
Análisis
de hallazgos, acciones correctivas y plan de mejora institucional<=
span
style=3D'font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",=
serif;
mso-fareast-font-family:Arial;mso-bidi-font-weight:bold'> |
Equipo
técnico y máxima autoridad |
1 mes |
Nota. Las actividades, responsables y tiempos consignad=
os
corresponden a una estimación referencial para la implementación progresiva=
del
modelo y podrán ajustarse de acuerdo con la planificación institucional,
disponibilidad presupuestaria, capacidad operativa y resultados del seguimi=
ento
de cada fase. La eventual auditoría externa de certificación no se incorpora
como parte de la duración base del modelo y, de realizarse, su plazo depend=
erá
del alcance, programación y condiciones establecidas por el organismo de
certificación acreditado. Elaborado a partir de la propuesta derivada de los
resultados de la investigación.
La articulación de
las cuatro fases descritas permite representar el modelo como un ciclo cont=
inuo
en el que el diagnóstico y la planificación orientan la ejecución de los
controles, mientras que la verificación y las acciones de mejora retroalime=
ntan
un nuevo ciclo institucional. Esta relación entre fases, ejes operativos y
mecanismos de seguimiento se sintetiza en la Figura 3.
Modelo de
implementación de la Norma ISO 37001:2025 en la contratación pública de obr=
as
del MIT, estructurado según el ciclo PDCA/PHVA
Nota. PDCA =3D Plan-Do-Check-Act; PHVA =3D
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar; MIT =3D Ministerio de Infraestructura y =
Transporte;
SOCE =3D Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador. Elaborado a p=
artir
de los resultados de la investigación.
La Figura 3
El tipo de propue=
sta
seleccionado corresponde a un modelo porque el problema identificado no se
limita a una deficiencia aislada que pueda resolverse mediante una acción
puntual. Los resultados muestran brechas simultáneas en controles operativos
antisoborno, publicidad de información técnica y trazabilidad durante la
ejecución contractual; por ello, la respuesta requiere integrar componentes
organizacionales, procedimentales, tecnológicos y de control en una secuenc=
ia
común de implementación.
En el diagnóstico
cualitativo, el 76 % de los entrevistados identificó debilidades en los
controles operativos antisoborno en la etapa contractual; el 62 % señaló ba=
ja
publicidad de análisis de precios unitarios y cronogramas; y el 81 % manife=
stó
una percepción favorable respecto de la utilidad de una certificación ISO
37001:2025. En el componente documental, los dos expedientes analizados
alcanzaron niveles de cumplimiento de transparencia de 58 % y 71 %, con una
brecha especialmente visible en la publicación oportuna de informes de
supervisión durante la ejecución. Estos resultados justifican que el modelo
priorice controles preventivos, trazabilidad documental y mecanismos de seg=
uimiento
permanente.
La estructura
propuesta también mantiene correspondencia con la lógica de ISO 37001:2025,=
que
exige establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de
gestión antisoborno (ISO, 2025). En términos de diseño organizacional, la
propuesta busca reducir asimetrías de información y oportunidades de
comportamiento oportunista, coherentemente con la Teoría de la Agencia (Jen=
sen
& Meckling, 1976), y convertir la adopción del sistema antisoborno en u=
na
práctica institucional verificable, no meramente formal, en línea con la Te=
oría
Institucional (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977).
Una vez diseñado =
el
modelo institucional, se efectuó su validación teórica con el propósito de
valorar la consistencia y aplicabilidad de la propuesta e incorporar los
ajustes pertinentes en su versión final. Esta valoración corresponde a una
validación de contenido y no sustituye la evaluación empírica del modelo, p=
or
lo que se plantea como etapa posterior la realización de una prueba piloto =
y el
análisis de su factibilidad en condiciones institucionales reales. Los
resultados de la validación teórica se presentan posteriormente en el apart=
ado
correspondiente.
La validación de
contenido del modelo se realizó mediante un segundo panel de cinco expertos,
independiente del grupo que participó en la validación de los instrumentos =
de
recolección de datos. Los especialistas fueron seleccionados con base en su
formación académica, experiencia profesional y pertinencia respecto del obj=
eto
de estudio.
La valoración
comprendió siete criterios: pertinencia, coherencia, suficiencia, claridad,
aplicabilidad institucional, alineación con ISO 37001:2025 y sostenibilidad.
Para ello se empleó una escala ordinal de cuatro categorías: 1 =3D insufici=
ente,
2 =3D poco satisfactorio, 3 =3D satisfactorio y 4 =3D plenamente satisfacto=
rio. Las
valoraciones fueron analizadas mediante el coeficiente V de Aiken y
complementadas con observaciones cualitativas orientadas al perfeccionamien=
to
de la propuesta. A partir de estos resultados se incorporaron los ajustes
considerados pertinentes en la versión final del modelo.
El modelo
institucional de implementación de la Norma ISO 37001:2025 fue sometido a
validación teórica mediante un segundo panel de cinco expertos, independien=
te
del grupo que participó en la validación de los instrumentos de recolección=
de
datos. La valoración comprendió siete criterios: pertinencia, coherencia,
suficiencia, claridad, aplicabilidad institucional, alineación con ISO
37001:2025 y sostenibilidad. La validez de contenido fue estimada mediante =
el
coeficiente V de Aiken.
Los resultados mo=
straron
que el modelo alcanzó un coeficiente V de Aiken promedio de .93,
evidenciando una valoración favorable de su contenido. Por criterios, la
pertinencia obtuvo V =3D 1.00, reflejando acuerdo completo respecto =
de la
correspondencia del modelo con las brechas identificadas en el diagnóstico.=
La
coherencia alcanzó V =3D .93, lo que evidenció una valoración favora=
ble de
la articulación entre los resultados de la investigación, el objetivo de la
propuesta, las fases del ciclo PDCA/PHVA, las acciones, los responsables y =
los
mecanismos de seguimiento.
La suficiencia ob=
tuvo
V =3D .93, indicando que los componentes incorporados fueron conside=
rados
adecuados para abordar las dimensiones de gestión de riesgos y debida
diligencia, controles operativos antisoborno, canales de reporte e
investigación, trazabilidad, rendición de cuentas y acceso efectivo a la
información. De igual manera, la claridad alcanzó V =3D .93, refleja=
ndo
una valoración favorable de la comprensión de las fases Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar, así como de sus actividades, productos e indicadores.
La aplicabilidad institucional obtuvo V =3D .93, mostrando una valoración favorable respecto de la posibilidad de incorporar progresivamente las acciones propuestas a los procesos institucionales del MIT. La alineación con ISO 37001:2025 alcanzó V =3D 1.00, constituyéndose, junto con la pertine= ncia, en el criterio con mayor nivel de acuerdo entre los expertos. Este resultado reflejó la correspondencia entre la estructura del modelo y los componentes= de gestión de riesgos, debida diligencia, controles, mecanismos de reporte e investigación, seguimiento y mejora continua considerados en la propuesta.<= o:p>
Por su parte, la
sostenibilidad obtuvo V =3D .80. Aunque presentó una valoración favo=
rable,
fue el criterio con menor nivel de acuerdo relativo. Las observaciones
formuladas señalaron la necesidad de fortalecer los mecanismos destinados a
garantizar la continuidad del modelo después del primer ciclo de
implementación, particularmente mediante la institucionalización de las
responsabilidades de seguimiento, la definición de periodicidades de
evaluación, la incorporación de las actividades de control y mejora a los
instrumentos ordinarios de planificación y la previsión de los recursos
necesarios para su continuidad.
El análisis
cualitativo de las valoraciones permitió identificar tres fortalezas
principales de la propuesta. En primer lugar, los expertos destacaron la
correspondencia entre el modelo y las brechas identificadas durante el
diagnóstico, particularmente en gestión de riesgos, controles operativos
antisoborno, mecanismos de denuncia, trazabilidad documental y publicidad de
información. En segundo lugar, se valoró favorablemente la utilización del
ciclo PDCA/PHVA como estructura articuladora de la propuesta, al permitir
organizar la implementación mediante fases sucesivas y recurrentes de
planificación, ejecución, verificación y mejora. En tercer lugar, los
especialistas consideraron pertinente que la eventual certificación ISO
37001:2025 se plantee como una consecuencia de la implementación, evaluació=
n y
mejora progresiva del sistema de gestión antisoborno y no únicamente como un
objetivo formal de certificación.
Las principales
recomendaciones de los expertos estuvieron orientadas a precisar la
responsabilidad institucional de coordinación durante la fase Planificar,
fortalecer la periodicidad y verificabilidad de los indicadores de la fase
Verificar e institucionalizar los mecanismos de seguimiento, auditoría y me=
jora
continua. En atención a estas recomendaciones, la versión final del modelo
incorporó una delimitación más precisa de responsables, mecanismos de
seguimiento periódico y criterios para asegurar la retroalimentación entre =
las
fases Verificar, Actuar y el inicio de un nuevo ciclo de planificación. Asi=
mismo,
se reforzó la incorporación de las acciones de seguimiento y mejora a los
mecanismos ordinarios de planificación y control institucional.
En conjunto, los
resultados aportaron evidencia favorable sobre la validez de contenido del
modelo y respaldaron su pertinencia, coherencia, suficiencia, claridad,
aplicabilidad institucional, alineación con ISO 37001:2025 y sostenibilidad=
. En
consecuencia, la propuesta presenta condiciones teóricas favorables para
orientar una implementación progresiva de componentes alineados con ISO
37001:2025 en la contratación pública de obras del MIT.
No obstante, esta
validación corresponde al nivel teórico y de contenido; por tanto, no
constituye evidencia de efectividad empírica ni permite atribuir efectos
causales al modelo.
La validación
empírica se plantea como una etapa posterior mediante una prueba piloto
aplicada a uno o varios procesos de contratación pública de obras del MIT. =
El
pilotaje comprenderá la ejecución de un ciclo completo PDCA/PHVA y la
comparación entre una línea base y una medición posterior a la aplicación d=
el
modelo, con el propósito de obtener evidencia preliminar sobre su
funcionamiento y desempeño en condiciones institucionales reales.
Los indicadores
mantendrán correspondencia con las dimensiones operacionalizadas en la
investigación e incluirán aspectos relacionados con la gestión de riesgos y
debida diligencia, controles operativos antisoborno, canales de reporte e
investigación, trazabilidad de los procesos contractuales, rendición de cue=
ntas
y acceso efectivo a la información. En los indicadores documentales se
establecerán criterios verificables de cumplimiento que permitan comparar la
situación inicial de cada proceso con los resultados obtenidos después del
primer ciclo de implementación.
La valoración del
pilotaje considerará la existencia de mejoras sustantivas y verificables
respecto de la línea base, particularmente en las dimensiones que hayan
presentado mayores brechas. El umbral definitivo de desempeño deberá
establecerse de acuerdo con las características de los procesos piloto y las
condiciones institucionales de factibilidad, evitando fijar anticipadamente
porcentajes que no se encuentren sustentados en evidencia institucional. Los
resultados servirán para ajustar las fases, responsables, controles e
indicadores antes de considerar una ampliación progresiva del modelo. Cualq=
uier
mejoramiento observado deberá interpretarse como evidencia preliminar de
desempeño y no como demostración causal definitiva de sus efectos.
La evaluación de
factibilidad deberá considerar tres dimensiones complementarias. La
factibilidad técnica examinará la disponibilidad de herramientas para la
gestión documental, trazabilidad, controles financieros, administración del
canal de denuncias y seguimiento de indicadores. La factibilidad operativa
valorará la coordinación entre las unidades involucradas, la disponibilidad=
del
personal, la segregación de funciones y la posibilidad de incorporar las
actividades propuestas al flujo ordinario de contratación, supervisión y
auditoría institucional.
La factibilidad
económica considerará los costos asociados con la capacitación, adecuaciones
tecnológicas, asistencia especializada y eventual auditoría de certificació=
n,
contrastándolos con los beneficios institucionales esperados, entre ellos la
reducción de reprocesos, la mejora de los tiempos de gestión documental y el
fortalecimiento de los controles preventivos. La cuantificación definitiva
deberá sustentarse en información presupuestaria institucional y cotizacion=
es
vigentes. La eventual decisión de avanzar hacia un proceso de certificación
deberá considerar previamente las condiciones de factibilidad técnica,
operativa y económica, así como la sostenibilidad del sistema en el tiempo.=
5.&n=
bsp;
Conclusiones
6. Conflicto=
de
intereses
Los autores declaran que=
no
existe conflicto de intereses en relación con el artículo presentado.
7. Derechos =
de
autor (copyright)
Los autores son los
titulares de los derechos de autor (patrimoniales y/o de explotación) de los
contenidos de la revista (copyright).
8. Declaraci=
ón
de contribución de los autores
Los
autores declaran haber participado de manera sustancial en la realización de
esta investigación, bajo las responsabilidades según la Taxonomía CRediT
para describir las contribuciones individuales de cada autor al trabajo.
La conceptualización,
curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, validación,
visualización, escritura borrador original, redacción, revisión y edición, =
así
como la aprobación del documento final fueron desarrolladas por Lucila
Elizabeth Silva Silva y Alejandra Belén Rosero Mendoza. Mientras que, Willian Paúl Avilés Quiñonez y Glen Freddy Robayo Cabrera, realizaron la supervisión académica y metodológica de la investigac=
ión,
brindaron orientación durante el desarrollo del estudio, revisaron el análi=
sis
y la interpretación de los resultados, efectuaron la revisión crítica del
manuscrito y sugirieron correcciones, así como la aprobación del documento
final.
Los autores declaran que
emplearon ChatGPT (OpenAI) como herramienta de apoyo para reorganizar y
reformular editorialmente el manuscrito original, corregir el estilo, tradu=
cir
el resumen al inglés y comprobar el cumplimiento formal del formato de la
revista. Los datos, el diseño, los resultados estadísticos y las decisiones
científicas proceden de la investigación de las autoras y no fueron generad=
os
ni modificados por la herramienta.
La responsabilidad del
manuscrito final recae íntegramente en los autores.
La herramienta GAI no fi=
gura
como autora y no asume responsabilidad por los resultados finales.
Declaración presentada p=
or:
Lucila Elizabeth Silva Silva y Alejandra Belén Rosero Mendoza.
9.&n=
bsp;
Costos de financiamiento
=
La
presente investigación fue financiada en su totalidad con fondos propios de=
los
autores.
10.&=
nbsp; Referencias
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