Tenencia compartida: desafíos y necesidades
sustantivas y adjetivas
Shared custody: substantive and procedural challenges and needs
Félix Edison Sánc=
hez Cartagenova., Jordán Jefferson Sánchez Palma., & =
Edward
Fabricio Freire Gaibor.
|
1 |
Félix Edison Sánchez Cartag=
enova |
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https://orcid.org/<=
/span>0009-0004-1879-1063=
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán,
Ecuador. Maestría en Derecho Procesal |
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2 |
Jordán Jefferson Sánchez Palma |
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https://orcid.org/<=
/span>0009-0000-5462-030X=
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán,
Ecuador. Maestría en Derecho Procesal |
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3 |
Edward Fabricio Freire Gaibor |
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https://orcid.org/<=
/span>0009-0009-2913-8445=
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Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), Durán,
Ecuador. Maestría en Derecho Procesal |
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4 |
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Artículo de
Investigación Científica y Tecnológica Enviado: Revisado: Aceptado: Publicado: D=
OI: |
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Cítese: |
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DATOS
REVISTA DATOS
REVISTA DATOS
REVISTA |
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Palabras claves=
: Tenencia compartida, corresponsabilidad parental, interés superior =
del
menor, derecho procesal de familia, vacío legal, operadores de justicia,
Ecuador |
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Resumen Introducción: La tenencia compartida representa uno de los desafíos más
significativos del derecho procesal de familia contemporáneo en Ecuador,
donde existe un vacío legal que impide su implementación efectiva, genera=
ndo
contradicciones sistemáticas en el ordenamiento jurídico y afectando la
materialización del principio constitucional de corresponsabilidad parent=
al. Objetivo:
Caracterizar los desafíos y necesidades asociados a la implementación de =
la
tenencia compartida en Ecuador desde la perspectiva de los operadores de
justicia especializados en niñez y adolescencia. Metodología: Se
desarrolló una investigación de tipo descriptivo-analítico con enfoque cu=
alitativo,
utilizando entrevistas semiestructuradas aplicadas a tres operadores de
justicia: una abogada litigante, un juez de familia y un abogado en libre
ejercicio profesional, bajo criterios de inclusión de experiencia mínima =
de
tres años en derecho de familia. Resultados: Los resultados confir=
man
la necesidad de la aplicación de la tenencia compartida en la práctica
judicial ecuatoriana, identificando obstáculos en cuatro dimensiones:
normativa (falta de regulación específica), cultural (persistencia de
estereotipos de género), procesal (demoras y ausencia de protocolos
uniformes) e institucional (recursos limitados de equipos técnicos). Esta
modalidad representa un porcentaje excepcionalmente bajo, aplicándose
únicamente cuando existe acuerdo explícito entre progenitores, sin mediar=
una
resolución legal. Conclusión: La implementación efectiva de la
tenencia compartida en Ecuador requiere un enfoque sistémico que combine
reforma normativa del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, desarrollo de capacidades
institucionales, transformación cultural y fortalecimiento de mecanismos
alternativos de resolución de conflictos para materializar el principio
constitucional de corresponsabilidad parental y garantizar el principio
constitucional del interés superior del menor. Área de estudio general=
:
Derecho Procesal. Área de estudio específica: Análisis Jurídico
Derecho Procesal. Tipo de estudio: Artículos originales. |
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Keywords: |
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Abstract Introduction: Shared custody represents one of the most significant challenges =
in
contemporary family procedural law in Ecuador, where a legal gap prevents=
its
effective implementation, generating systematic contradictions in the leg=
al
system and affecting the materialization of the constitutional principle =
of
parental co-responsibility. Objective: To characterize the challen=
ges
and needs associated with implementing shared custody in Ecuador from the
perspective of justice operators specialized in childhood and adolescence=
. Methodology:
Descriptive-analytical research with a mixed approach was developed, using
semi-structured interviews applied to three justice operators: a litigant
lawyer, a family judge, and a lawyer in free professional practice, under
inclusion criteria of minimum three years of experience in family law. |
|
1. Introducción
1.1. Vacío legal y marco normativo actual
La tenencia
compartida en Ecuador presenta un vacío legal significativo que genera
contradicciones sistemáticas en el ordenamiento jurídico. Mientras la Const=
itución
reconoce el principio de corresponsabilidad parental a través de los artícu=
los
69 y 44, la legislación secundaria mantiene paradigmas tradicionales centra=
dos
exclusivamente en la tenencia unipersonal (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
Como observa Valle (2010)
esta situación genera “una inconstitucionalidad por omisión que afecta la e=
fectividad
de los derechos fundamentales de los menores” (p. 156).
El marco normati=
vo
evidencia contradicciones estructurales profundas. El Código de la Niñez y
Adolescencia en sus artículos 106 a 112 regula únicamente la tenencia unipersona=
l (Asamblea Nacional del Ecuador, 2003),
mientras que el C=
ódigo
Orgánico General de Procesos establece procedimientos sumarios
exclusivamente para tenencia exclusiva (Asamblea Nacional del
Ecuador, 201=
5). Cárdenas-Yánez et al.
(2021) señala que “la legislación ecuatoriana en materia de niñez mantiene =
un
enfoque tradicional que privilegia la asignación de la tenencia a uno solo =
de
los progenitores” (p. 145).
La investigación
desarrolló un estudio descriptivo-analítico con enfoque cualitativo mediante
entrevistas semiestructuradas a tres operadores de justicia. Los hallazgos
revelan que la tenencia compartida representa un porcentaje excepcionalmente
bajo en la práctica judicial, aplicándose únicamente cuando existe acuerdo
explícito y privado entre progenitores.
Los obstáculos
sistémicos identificados operan en cuatro dimensiones: normativa (falta de
regulación específica), cultural (estereotipos de género persistentes),
procesal (criterios probatorios insuficientes) e institucional (recursos
limitados de equipos técnicos). Los vacíos procesales críticos incluyen
ambigüedad jurisdiccional donde el artículo 235 del Código de la Niñez y Adolescencia no
especifica competencia para modalidades no reguladas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2003).
Moren=
o &
Restrepo (2020)
advierte que esto “genera el riesgo de que las demandas sean rechazadas por
falta de normativa y fundamento legal” (p. 78).
La inadecuación =
de
las herramientas judiciales actuales se evidencia en que los criterios están
diseñados para determinar el “mejor progenitor” y no la capacidad conjunta.=
A=
studillo
(2020) señala=
que “la
ausencia de criterios específicos para evaluar la tenencia compartida puede
generar decisiones arbitrarias” (p. 167). Los mecanismos de ejecución actua=
les
están diseñados para tenencia exclusiva, mientras que la tenencia compartida
requiere supervisión de cronogramas complejos. Corte Nacional de Justi=
cia (2024) advierte que esta ausencia “podría
generar que estas decisiones sean letra muerta” (p. 203).
Los operadores
identificaron cinco criterios fundamentales para evaluar el interés superior
del menor: vínculo afectivo con ambos progenitores, estabilidad emocional d=
el
menor, capacidad de comunicación parental, proximidad geográfica y opinión =
del
menor según su edad. Nielsen
(2018) confirma que “la tenencia compartida puede contribuir significativam=
ente
al desarrollo emocional y psicológico de los menores” (p. 234).
La experiencia
internacional muestra desarrollos significativos que contrastan con el vacío
ecuatoriano. España desarrolló criterios jurisprudenciales claros (<=
/span>Fernández=
, 2022), Argentina estableció la custodia
compartida como modalidad preferente, y Colombia desarrolló criterios
constitucionales específicos. Kemelmajer & Herrera. (2014) destacan que “la experiencia argentina
demuestra la importancia de procedimientos claros, incluyendo intervención =
de
equipos técnicos especializados” (p. 89).
Las propuestas de
reforma integral abarcan múltiples dimensiones. Las reformas normativas
incluyen modificar el Código
de la Niñez y Adolescencia con una definición clara de tenencia
compartida y crear procedimientos especiales que privilegien la mediación. =
El
fortalecimiento institucional requiere capacitación especializada para
operadores de justicia. García
(2018) señala que: “la capacitación judicial en temas de tenencia compartida
debe incluir formación en nuevos paradigmas de parentalidad” (p. 203). Los
protocolos de evaluación deben incluir instrumentos específicos para medir =
co-parentalidad, como indica Arce et al.=
(2019).
La investigación
identificó diferencias según el perfil profesional: enfoque
pragmático-procedimental (abogada litigante), perspectiva
jurídico-institucional (jueza) y aproximación social-preventiva (abogado en
libre ejercicio). El diagnóstico evidencia una desarticulación crítica entre
mandatos constitucionales y legislación secundaria, requiriendo un enfoque
sistémico integral que combine reforma normativa, desarrollo de capacidades
institucionales, transformación cultural y fortalecimiento de mecanismos al=
ternativos.
El impacto esper=
ado
representaría un avance hacia un sistema de justicia familiar más equitativo
que materialice el principio constitucional de corresponsabilidad parental,
garantice el interés superior del menor y reconozca la diversidad de
estructuras familiares contemporáneas. Las limitaciones del estudio incluyen
una muestra limitada, ausencia de perspectivas de familias beneficiarias y =
la
necesidad de estudios cuantitativos complementarios.
1.2. Derecho comparado y experiencias internacionale=
s
El análisis del
derecho comparado revela desarrollos significativos en la implementación de
tenencia compartida que contrastan marcadamente con el vacío ecuatoriano y
ofrecen modelos útiles para una eventual reforma. España incorporó la custo=
dia
compartida a través de un proceso gradual iniciado con la Ley 15/2005, de 8 de
julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil en Materia de Separación y Divorcio (Jefatura del Estado de España, 2005).
El artículo 92 del Código Civil español establece que “la jueza podrá
acordar la custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se
protege adecuadamente el interés superior del menor” (Ministerio de Justicia & Agencia Estatal Bolet=
ín
Oficial del Estado=
, 2011).
Esta regulación
inicial fue posteriormente desarrollada por jurisprudencia del Tribunal Sup=
remo
(Tribunal Supremo de España, 2013), que estableció criterios específicos pa=
ra
su aplicación, incluyendo la evaluación de la relación existente entre los
progenitores, sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los men=
ores
competentes y el número de hijos. Fernández
Argentina repres=
enta
un modelo más avanzado al modificar su Código Civil y Comercial de la Na=
ción
Argentina en 2014, estableciendo la custodia compartida como modalidad
preferente en lugar de excepcional, el
artículo 651 establece categóricamente que “a petición de uno o ambos
progenitores o de oficio, la jueza debe otorgar, como primera alternativa, =
el
cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, excepto que no sea
posible o resulte perjudicial para el hijo” (Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, 2014).
Esta regulación representa un cambio paradigmático fundamental: en lugar de=
requerir
justificación para otorgar custodia compartida, el sistema argentino requie=
re
justificación para denegarla, invirtiendo la carga argumentativa y
estableciendo una presunción favorable hacia la corresponsabilidad parental=
. Kemelmajer & He=
rrera (2014) señalan que=
: “la
experiencia argentina demuestra la importancia de procedimientos claros,
incluyendo intervención de equipos técnicos especializados y consideración =
de
factores específicos como la edad del menor, la distancia entre las residen=
cias
de los progenitores y la capacidad de cooperación parental” (p. 89).
El modelo argent=
ino
incorpora también modalidades específicas de custodia compartida, distingui=
endo
entre cuidado compartido indistinto y cuidado compartido alternado, permiti=
endo
adaptar el régimen a las necesidades específicas de cada familia y reconoci=
endo
que no existe un modelo único aplicable a todas las situaciones familiares.=
Colombia incorpo=
ró
la custodia compartida a través de un proceso que combinó reforma procesal =
con
desarrollo jurisprudencial constitucional. La Ley 1564 de 2012 en el=
Código
General del Proceso, estableció procedimientos específicos, pero fue la
jurisprudencia de la Corte Constitucional la que desarrolló los criterios
sustantivos para su aplicación (Congreso de la Repúblic=
a de
Colombia, 2012).
La resolución T-384 de la Corte Constitucional de
Colombia (2014)
estableció criterios específicos para evaluar la viabilidad de la custodia
compartida, incluyendo “evaluación de capacidad de comunicación efectiva,
estabilidad emocional, cercanía geográfica y edad del menor”.
Esta resolución =
es
particularmente relevante porque establece que la custodia compartida no pu=
ede
ser denegada únicamente por la falta de acuerdo entre los progenitores, sino
que debe evaluarse si resulta conveniente para el interés superior del meno=
r,
incluso en casos donde existe conflictividad entre las partes. La experienc=
ia
colombiana demuestra también la importancia de desarrollar mecanismos
específicos de seguimiento, ya que la Corte Constitucional ha ordenado en
varios casos que los juzgados de familia establezcan sistemas de monitoreo =
para
verificar el cumplimiento y efectividad de los regímenes de custodia
compartida. Un aspecto innovador del modelo colombiano es el reconocimiento=
de
que la custodia compartida puede requerir medidas de apoyo específicas,
incluyendo terapia familiar, mediación y programas de fortalecimiento de
habilidades parentales, estableciendo que el Estado debe proveer los recurs=
os
necesarios para el éxito de estos regímenes.
1.3. Necesidades procesales y modos de implementació=
n
La implementación
efectiva de tenencia compartida en Ecuador requiere una reforma legislativa
integral y sistemática que modifique tanto el Código de la Niñez y Adolescencia como el =
Código Orgánico General de
Procesos, estableciendo un marco normativo coherente y completo.
Esta reforma debe abordar múltiples dimensiones: sustantiva, procesal,
organizacional e institucional, considerando que la mera incorporación
normativa sin el desarrollo de capacidades institucionales puede resultar
insuficiente para garantizar la efectividad de los regímenes de tenencia
compartida. La reforma debe incluir una definición legal precisa de tenencia
compartida que establezca claramente sus modalidades, alcance y objetivos. =
Blasq=
uez (2024) sugiere que “una definición legal
adecuada debe considerar tanto aspectos temporales (distribución del tiempo=
de
convivencia) como aspectos decisionales (participación en la toma de decisi=
ones
importantes)” (p. 145).
Esta definición =
debe
distinguir entre diferentes modalidades de tenencia compartida, incluyendo
regímenes alternados, indistintos y específicos según las necesidades de ca=
da
familia, reconociendo que la tenencia compartida no constituye un modelo ún=
ico
sino una variedad de arreglos que pueden adaptarse a circunstancias
particulares. La reforma debe establecer también criterios específicos de
viabilidad que permitan a los operadores de justicia evaluar cuándo la tene=
ncia
compartida resulta conveniente para el interés superior del menor, incluyen=
do
capacidad de comunicación parental, estabilidad emocional, proximidad
geográfica, edad del menor y capacidad económica de ambos progenitores para
sostener el régimen propuesto.
La implementación
requiere el desarrollo de procedimientos judiciales especializados que se
adapten a las particularidades de la tenencia compartida, considerando que =
los
procedimientos tradicionales resultan inadecuados para evaluar aspectos
específicos de la corresponsabilidad parental. Se propone un procedimiento
especial que incluya cuatro etapas diferenciadas: etapa preliminar de
verificación de requisitos, etapa probatoria con evaluación integral del eq=
uipo
técnico, etapa decisoria con audiencia oral concentrada, y etapa de seguimi=
ento
con monitoreo periódico. La etapa probatoria debe incluir evaluación integr=
al
por parte de equipos técnicos especializados, utilizando instrumentos
específicamente diseñados para evaluar la capacidad de co-parentalidad.
Arce et al.
(2019) enfatiza que “los protocolos de evaluación para tenencia compartida
deben incluir instrumentos específicos para medir la capacidad de co-parentalidad, incluyendo escalas de comunicación,
resolución de conflictos y flexibilidad parental” (p. 178). Esta evaluación
debe incluir entrevistas individuales con cada progenitor, observación de la
interacción familiar, evaluación del menor cuando sea apropiado, y análisis=
de
la viabilidad práctica del régimen propuesto, considerando factores logísti=
cos,
económicos y sociales que puedan afectar su implementación exitosa.
La implementación
efectiva requiere también programas comprehensivos de capacitación judicial
especializada que aborden tanto aspectos teóricos como prácticos de la
evaluación y seguimiento de regímenes de tenencia compartida. García (2018) señal=
a que “la
capacitación judicial en temas de tenencia compartida debe incluir formació=
n en
nuevos paradigmas de parentalidad, técnicas de evaluación familiar y métodos
alternativos de resolución de conflictos” (p. 203). Esta capacitación debe
dirigirse no solo a jueces, sino también a servidores judiciales, equipos
técnicos y abogados especializados en derecho de familia, reconociendo que =
el
éxito de la implementación depende de la coordinación efectiva entre todos =
los
actores del sistema judicial. La capacitación debe abordar fundamentos teór=
icos
de la tenencia compartida, metodologías específicas para evaluar la capacid=
ad
de co-parentalidad, técnicas de entrevista y
observación familiar, interpretación de informes técnicos especializados, y
manejo de casos complejos que involucren factores de riesgo. La ausencia ac=
tual
de regulación genera inseguridad jurídica y puede afectar el interés superi=
or
de menores que se beneficiarían de mantener vínculos estrechos con ambos
progenitores. Como indica Otzen=
&
2=
. Metodología
La presente investigación se desarrolló bajo =
un
diseño no experimental de tipo descriptivo-analítico con enfoque cualitativ=
o,
para obtener una comprensión integral de los desafíos y necesidades en la
implementación de la tenencia compartida en Ecuador (Creswell & Plano, 2018). El nivel de
investigación corresponde a un estudio descriptivo-correlacional que busca
caracterizar la problemática y establecer relaciones entre las variables
identificadas (Herná=
ndez-Sampieri
et al., 2020). La modalidad adoptada fue de campo y documental, permitiendo=
la
recolección de datos tanto de fuentes primarias como secundarias (Arias, 2021).
Los métodos empleados incluyeron el método in=
ductivo-deductivo
para el análisis de casos particulares y la generalización de hallazgos, el
método analítico-sintético para la descomposición y posterior integración de
los elementos que conforman la problemática estudiada, y el método
histórico-lógico para comprender la evolución de la figura jurídica de la
tenencia compartida en el contexto ecuatoriano (Baena, 2014). Los procedimientos de investigac=
ión
comprendieron tres fases: una fase exploratoria de revisión documental y
normativa, una fase descriptiva de recolección de datos empíricos, y una fa=
se
analítica de interpretación y síntesis de resultados (Monje, 2011).
Las técnicas de investigación utilizadas fuer=
on
la encuesta estructurada aplicada a operadores de justicia y profesionales =
del
derecho de familia, jueces especializados, abogados litigantes y equipos
técnicos de los juzgados de familia (Kvale & Brinkmann,
2019), la revisión documental de expedientes judiciales y resoluciones sobre
tenencia compartida, y el análisis de contenido de la normativa legal vigen=
te y
proyectos de reforma legislativa (Neuendorf, 2017).
Los criterios de inclusión establecidos fuero=
n:
Profesionales con al menos tres años de experiencia en derecho de familia y
procesos de tenencia, operadores de justicia que hayan tramitado o resuelto
casos de tenencia en los últimos dos años, y profesionales que acepten
participar voluntariamente en el estudio mediante consentimiento informado =
(Ato et al., 2018). =
Los
criterios de exclusión comprendieron: Profesionales sin experiencia específ=
ica
en derecho de familia, operadores de justicia que no hayan tenido contacto =
con
casos de tenencia compartida, y aquellos que no consientan participar en la=
investigación.
Los criterios de eliminación incluyeron: participantes que no completen
adecuadamente los instrumentos de recolección de datos, información
proporcionada que resulte inconsistente o contradictoria, y participantes q=
ue
retiren su consentimiento durante el desarrollo del estudio (Kerlinger & Lee,
2019).
Los aspectos éticos de la investigación fueron
rigurosamente observados mediante la implementación de protocolos estrictos=
que
garantizaron el respeto a los derechos fundamentales de los participantes y=
el
manejo responsable de la información recolectada. Se cumplió con todos los
procedimientos éticos establecidos para investigaciones académicas en cienc=
ias
sociales, asegurando la protección de la dignidad y derechos de todas las
personas involucradas en el estudio.
La participación en el estudio fue estrictame=
nte
voluntaria, aplicándose consentimiento informado a todos los participantes,
donde se explicó detalladamente el propósito de la investigación, los
procedimientos a seguir, los riesgos mínimos asociados, los beneficios
esperados, y el derecho irrestricto a retirar su consentimiento en cualquier
momento del estudio sin consecuencia alguna (Beauchamp & Childress, 2019). El documento=
de
consentimiento informado incluyó información clara sobre la confidencialida=
d de
los datos, el anonimato de las fuentes, y el uso exclusivo de la información
para fines académicos y de investigación.
Se garantizó la confidencialidad absoluta de =
la
información proporcionada por los participantes mediante la codificación de
identidades, evitando el registro de nombres, cédulas de identidad o cualqu=
ier
dato que permita la identificación personal de los entrevistados (Americ=
an Psychological Association=
,
2020). Los datos recolectados fueron almacenados en dispositivos seguros con
acceso restringido únicamente al equipo de investigación, estableciéndose
protocolos de manejo de información sensible que incluyen la destrucción de
registros identificables al finalizar el estudio.
El principio de beneficencia fue observado
asegurando que los resultados de la investigación contribuyan al mejoramien=
to
del sistema de justicia especializada y, por ende, al bienestar de los niño=
s,
niñas y adolescentes que son posibles sujetos de procesos de tenencia
compartida (Emanuel<=
/span>
et al., 2018). Simultáneamente, se aplicó el principio de no maleficencia
garantizando que la participación en el estudio no representara riesgo algu=
no
para los participantes, sus carreras profesionales o su estabilidad laboral=
. El
principio de autonomía fue respetado mediante el reconocimiento del derecho=
de
los participantes a tomar decisiones libres e informadas sobre su
participación, sin presión, coerción o influencia indebida por parte del eq=
uipo
de investigación (De=
nzin
& Lincoln, 2017). Se informó claramente que la participación o no
participación en el estudio no tendría consecuencias en sus actividades
profesionales o relaciones institucionales.
El principio de justicia se materializó a tra=
vés
de la selección equitativa de participantes, evitando la discriminación por
género, edad, experiencia profesional o cualquier otra característica perso=
nal,
y asegurando que los beneficios del conocimiento generado sean accesibles p=
ara
toda la comunidad académica y profesional del derecho de familia (World Medical Associat=
ion,
2021). Adicionalmente, se establecieron medidas específicas para proteger la
privacidad de la información relacionada con casos judiciales, garantizando=
que
no se divulguen datos que permitan identificar situaciones particulares que
puedan comprometer la confidencialidad de las familias o procesos judiciale=
s.
Se implementaron protocolos de anonimización de=
datos
y se estableció el compromiso de utilizar la información recolectada
exclusivamente para el análisis académico propuesto, sin divulgación de
información sensible o confidencial.
La investigación se desarrolló bajo los
lineamientos de la Declaración de Helsinki, los principios éticos pa=
ra
investigación en ciencias sociales establecidos por organismos internaciona=
les,
las normativas éticas nacionales aplicables a la investigación académica en=
el
Ecuador, y los estándares internacionales de ética en investigación social =
(Flick=
,
2018). Se garantizó el cumplimiento de todos los principios fundamentales d=
e la
ética en investigación: respeto a las personas, beneficencia, no maleficenc=
ia y
justicia, asegurando que el estudio se desarrolle con los más altos estánda=
res
de integridad académica y responsabilidad social.
3=
. Resultados
Los resultados de la investigación se presentan organizados según las
cinco dimensiones analíticas establecidas en el diseño metodológico, integr=
ando
las perspectivas de los tres operadores de justicia entrevistados: una abog=
ada
litigante, un juez de familia y un abogado en libre ejercicio profesional. =
El
análisis revela convergencias significativas en la percepción de los desafí=
os y
limitaciones del sistema judicial ecuatoriano para implementar efectivament=
e la
tenencia compartida.
Pregunta: Desde su experiencia profesional, ¿con q=
ué
frecuencia se aplicaría la tenencia en los casos que ha conocido o tramitad=
o, y
cuáles considera que son los principales factores que influyen en la decisi=
ón
judicial de otorgar o denegar esta modalidad de custodia?
Los resultados confirman la escasa aplicación de la tenencia compart=
ida
en la práctica judicial ecuatoriana. La Dra. María Isabel Tobar (Tobar, 202=
4),
Juez de Familia de Imbabura, señala que “la tenencia compartida es aún
excepcional. Representa un bajo porcentaje en comparación con la tenencia
monoparental, especialmente la materna”. Esta observación se ve reforzada p=
or
la experiencia del Dra. =
Constanza
Astudillo Meza (Astudillo, 2020), quien indica que “es bien difícil aplicar esta modalidad de tenenc=
ia,
solo cuando las partes, me refiero a los padres, así lo han convenido, la j=
ueza
aprueba, caso contrario únicamente se establece régimen de visitas”.
Un hallazgo particular emerge del testimonio de la Dra. Digna Mireya
Cedeño Rodríguez (Cedeño Rodríguez, 2024), quien revela que, en su experien=
cia
profesional, los casos de tenencia total “es para poder tener autorización =
de
salida del país ya sea por temas laborales o por paseo vacacionales”,
evidenciando que la motivación principal para solicitar tenencia no siempre
responde al interés de ejercer corresponsabilidad parental, sino a necesida=
des
específicas relacionadas con movilidad internacional.
Los factores determinantes identificados incluyen la existencia de
acuerdos voluntarios entre progenitores, la capacidad de diálogo y cooperac=
ión
parental, la edad del menor, y la disponibilidad de informes psicosociales
favorables. Sin embargo, el Dra.
Constansa Astudillo (Astudillo, 2020) identifica un patrón problemático: “los factores que influyen siemp=
re
están determinados por la negativa de la madre, como ella tiene la tenencia
establecida en la ley (...) son muy pocas las madres que acceden a la aplic=
ación
práctica de tenencia compartida”.
Pregunta: ¿Cuáles son los principales obstáculos o
limitaciones que ha identificado en el sistema judicial ecuatoriano para la
implementación efectiva de la tenencia, considerando aspectos normativos,
procedimentales, culturales o institucionales?
El análisis revela múltiples niveles de obstáculos que afectan la
implementación efectiva de la tenencia compartida. Como se muestra en la
Tabla=
1
Categ=
orización
de obstáculos para la implementación de tenencia compartida
|
Categoría |
Obstáculos Identifica=
dos |
Fuente |
|
Normativos |
Falta de regulación específica en el Código de la Niñez |
Dra. Tobar (Tobar, 2024) |
|
Ausencia de procedimientos especializados |
Múltiples entrevistados |
|
|
Culturales |
Persistencia de estereotipos de género |
Dra. Tobar (Tobar, 2024) |
|
Resistencia materna al cambio de paradigma |
Dra. Astudillo (Astudillo, 2020) |
|
|
Procedimentales |
Demoras en citaciones y notificaciones |
Dra. Cedeño (Cedeño Rodríguez, 2024) |
|
Ausencia de protocolos uniformes de evaluación |
Dra. Tobar (Tobar, 2024) |
|
|
Institucionales |
Recursos limitados de equipos técnicos |
Dra. Tobar (Tobar, 2024) |
|
Dificultades para obtener informes de DINAPEN |
Dra. Cedeño (Cedeño Rodríguez, 2024) |
La Dra. Tobar (Tobar, 2024) identifica específicamente la “débil
cobertura y recursos limitados de los equipos técnicos interdisciplinarios =
para
evaluar casos a fondo” como un obstáculo institucional crítico.
Complementariamente, la Dra. Cedeño (Cedeño Rodríguez, 2024) señala
dificultades procedimentales concretas, incluyendo la gestión del “informe
investigativo de la DINAPEN” y “el desacuerdo de alguno de los progenitores=
que
no permite la salida del país voluntaria mediante diálogo.
Un hallazgo preocupante emerge del análisis del Dra. Constansa Astudillo (Astudillo, 2020) sobre la dimensión cultural y social d=
el
problema: “En nuestro país la irresponsabilidad de padres campea, lo que vu=
elve
difícil al sistema judicial poder normar y entregar co=
mpartidamente
la tenencia de los hijos; vemos con tanta tristeza como madres tienen hijos=
de
diferentes padres, demandando a cada uno de ellos, juicio de alimentos,
volviéndose un negocio tener hijos de esta forma.
Pregunta: ¿Qué criterios específicos utiliza o
considera más relevantes para evaluar, si la tenencia compartida sería
compatible con el principio del interés superior del niño, niña o adolescen=
te
en cada caso particular, y qué herramientas o instrumentos emplearía para
realizar esta evaluación?
Los operadores de justicia identifican múltiples criterios para eval=
uar
la compatibilidad de la tenencia compartida con el principio del interés
superior del menor. La Dra. Tobar (Tobar, 2024) establece cinco criterios
fundamentales: vínculo afectivo y nivel de apego con ambos progenitores,
estabilidad emocional y psicológica del menor, capacidad real de cooperació=
n y
comunicación parental, proximidad geográfica de los domicilios, y opinión d=
el
menor considerando su edad y grado de madurez.
Las herramientas de evaluación empleadas incluyen entrevistas
psicosociales, visitas domiciliarias, informes del equipo técnico, y audien=
cias
reservadas con el menor cuando es apropiado. La Dra. Cedeño (Cedeño Rodrígu=
ez,
2024) enfatiza que los criterios deben asegurar “que los niños puedan gozar=
del
máximo bienestar en el lugar en el que se encuentren con sus progenitores”,
proponiendo “solicitarle al equipo técnico realizar una investigación
exhaustiva a fin de que se determine en qué condiciones los progenitores, es
decir cada uno de los progenitores”
El Dra. Constansa A=
studillo
(Astudillo, 2020) a=
dopta
una perspectiva más categórica, argumentando que “atendiendo el interés
superior del menor, la tenencia compartida debería ser un derecho obligator=
io a
fin de que no pierdan la relación paterno filial con cada una de las famili=
as y
no se vean excluidos de ninguna de ellas”, señalando que “vemos en la
actualidad que muchos menores ni conocen el otro lado de su familia”.
Pregunta: ¿Qué tipo de capacitación especializada,
recursos técnicos o apoyo institucional considera que necesitaría el sistema
judicial para implementar la aplicación de la tenencia compartida, y cuáles
serían las áreas prioritarias de fortalecimiento?
Los resultados revelan necesidades específicas de fortalecimiento en
múltiples áreas del sistema judicial. Como se observa en la Figura 1,
las necesidades identificadas abarcan capacitación especializada, recursos
técnicos y apoyo institucional.
Las necesidades de capacitación incluyen especialización en derecho =
de
familia, derechos de infancia, corresponsabilidad parental y enfoque de gén=
ero
para jueces, fiscales y defensores públicos. La Dra. Cedeño (Cedeño Rodrígu=
ez,
2024) específicamente identifica la necesidad de “especialización en derech=
o de
familia, el derecho de niñez, adolescentes infractores y capacitación
psicológica y económica”.
“El fortalecimiento de equipos técnicos interdisciplinarios emerge c=
omo
una prioridad crítica. La Dra. Tobar (Tobar, 2024) especifica la necesidad =
de “refuerzo
de equipos técnicos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales,
pedagogos)” y “sistemas de monitoreo y seguimiento post resolución que eval=
úen
el cumplimiento de la modalidad compartida”. El Dr. Constansa Astudillo (Astudillo, 2020) complementa esta perspectiva señalando=
que
“ahí funcionen tanto los psicólogos, cuanto trabajo social, y en base a est=
os
resultados se pueda establecer si directamente se otorga la tenencia compar=
tida”.
Los protocolos de evaluación constituyen otra necesidad identificada,
con la Dra. Tobar (Tobar, 2024) proponiendo “protocolos claros y uniformes =
para
evaluación de casos con criterios técnicos estandarizados”. Esta necesidad =
se
relaciona directamente con la ausencia de mecanismos específicos para evalu=
ar
la viabilidad de regímenes de tenencia compartida”.
Pregunta: Basándose en su experiencia, ¿qué reform=
as o
mejoras específicas recomendaría para el marco normativo, los procedimientos
judiciales o el sistema de apoyo institucional que permitan una implementac=
ión
de la tenencia compartida en Ecuador y qué procedimiento recomienda?
Los operadores de justicia proponen reformas integrales que abarcan
dimensiones normativas, procedimentales e institucionales. La Dra. Tobar
(Tobar, 2024) recomienda “reformar el Código de la Niñez y Adolescencia para
incluir una definición y regulación clara de la tenencia compartida como
modalidad viable” y “establecer lineamientos obligatorios para la evaluación
técnica previa a decisiones de tenencia”.
Las propuestas incluyen la implementación de mecanismos alternativos=
de
resolución de conflictos. La Dra. Cedeño (Cedeño Rodríguez, 2024) propone
específicamente “mediación y la vía notarial” como procedimientos recomenda=
dos.
Esta perspectiva se refuerza con la propuesta de la Dra. Tobar (Tobar, 2024=
) de
“crear un procedimiento especial para acuerdos de tenencia compartida, dond=
e se
privilegie la mediación y se garantice participación del equipo técnico des=
de
el inicio”.”
El Dra. Constansa A=
studillo
(Astudillo, 2020) p=
ropone
una intervención sistemática más amplia: “con cada demanda, sea de alimento=
s o
de régimen de visitas, se acompañe estos exámenes psicológicos y de entorno
social de los padres, a fin de que no queden muchas veces solo en demandas
presentadas, llenas de conflictos, sino que se vaya creando conciencia en l=
os
padres sobre este particular”.
Una propuesta innovadora de la Dra. Tobar (Tobar, 2024) incluye “imp=
lementar
centros de parentalidad positiva que ayuden a capacitar a progenitores en
corresponsabilidad”, reconociendo que la implementación efectiva de tenencia
compartida requiere no solo cambios normativos sino también el desarrollo de
capacidades parentales específicas.”
4=
. Discusión
Los hallazgos de esta investigación confirman y amplían las
observaciones previas sobre la problemática implementación de la tenencia
compartida en Ecuador, revelando un panorama complejo que trasciende las
limitaciones meramente normativas para convertirse en un desafío sistémico
multidimensional. La convergencia de perspectivas entre operadores de justi=
cia
con diferentes perfiles profesionales fortalece la validez de los resultado=
s y
evidencia la naturaleza estructural de los obstáculos identificados.
Los resultados confirman empíricamente las observaciones teóricas de=
Valle
(2010) sobre la “inconstitucionalidad por omisión que afecta la efectividad=
de
los derechos fundamentales de los menores”. La experiencia práctica de los
operadores de justicia evidencia que la ausencia de regulación específica no
solo genera incertidumbre jurídica, sino que produce efectos concretos en la
aplicación judicial. La observación de la Dra. Tobar (Tobar, 2024) sobre el=
“bajo
porcentaje” de aplicación y la afirmación del Dra. Constansa Astudillo (Astudillo, 2020) sobre la dificultad de implementación =
“solo
cuando las partes así lo han convenido” ilustran cómo el vacío legal se tra=
duce
en una aplicación restrictiva que privilegia la tenencia monoparental.”
Este hallazgo es particularmente significativo porque demuestra que =
la
falta de marco normativo no simplemente limita las opciones disponibles, si=
no
que efectivamente dirige las decisiones judiciales hacia modalidades
tradicionales, confirmando las predicciones de Cárdenas-Yánez et al. (2021)
sobre el mantenimiento de “un enfoque tradicional que privilegia la asignac=
ión
de la tenencia a uno solo de los progenitores”. La revelación de la Dra. Ce=
deño
(Cedeño Rodríguez, 2024) sobre las motivaciones relacionadas con “autorizac=
ión
de salida del país” sugiere además que, en ausencia de regulación específic=
a,
la tenencia se utiliza para propósitos distintos a la corresponsabilidad
parental, distorsionando su función primordial.”
Los resultados revelan una dimensión cultural del problema que, aunq=
ue
anticipada en la literatura, presenta matices específicos en el contexto
ecuatoriano. La observación del Dra. Constansa Astudillo (Astudillo=
,
2020) sobre los “factores que influyen, siempre están determinados p=
or
la negativa de la madre” y su análisis sobre la “irresponsabilidad de padre=
s”
que “campea” en el país, evidencia la persistencia de patrones culturales q=
ue
van más allá de los estereotipos de género identificados por la Dra. Tobar
(Tobar, 2024).”
Esta dimensión cultural presenta características más complejas que l=
as
identificadas en experiencias internacionales. Mientras que en España según=
Fernández
(2022) los principales obstáculos se relacionaron con criterios
jurisprudenciales y procedimentales, en Ecuador emergen resistencias que
combinan estereotipos tradicionales con dinámicas socio económicas específi=
cas.
La observación sobre madres que “tienen hijos de diferentes padres, demanda=
ndo
a cada uno de ellos” sugiere la existencia de incentivos económicos que pue=
den
distorsionar la aplicación de principios de corresponsabilidad parental.”
Sin embargo, es importante señalar que esta perspectiva representa u=
na
visión particular que requiere análisis más profundo. La caracterización de=
l Dra. Cons=
tansa
Astudillo (Astudillo, 2020) aunque r=
efleja
una experiencia profesional específica, podría beneficiarse de estudios
cuantitativos que permitan determinar la prevalencia real de estos patrones=
y
evitar generalizaciones que podrían reproducir sesgos de género.
El análisis comparativo con las experiencias argentina, española y
colombiana mencionadas en el marco teórico resulta particularmente revelado=
r.
Mientras que Argentina logró establecer la custodia compartida como “primera
alternativa” mediante el artículo
651 de su =
Código
Civil y Comercial de la Nación Argentina (Ministerio de Justicia=
y
Derechos Humanos de la Nación, 2014), y España desarrolló criterios
jurisprudenciales progresivos, Ecuador mantiene un enfoque que Kemelmajer <=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;background:yellow;
mso-highlight:yellow;mso-ansi-language:ES-EC;mso-fareast-language:ES-TRAD;
mso-bidi-language:SI-LK;mso-bidi-font-weight:bold'>& Herrera (2014) calificarían como pre-reformista=
.
La propuesta de la Dra. Tobar (Tobar, 2024) de “reformar el Código d=
e la
Niñez y Adolescencia para incluir una definición y regulación clara” se ali=
nea
con las experiencias exitosas internacionales, pero los resultados sugieren=
que
la reforma normativa por sí sola resultaría insuficiente. La experiencia
colombiana, donde la Corte Constitucional de Colombia (2014) desarrolló
criterios específicos a través de la resolución T-384, muestra que el
desarrollo jurisprudencial puede complementar eficazmente las reformas
legislativas, una aproximación que podría resultar particularmente útil en =
el
contexto ecuatoriano.”
La propuesta de “centros de parentalidad positiva” de la Dra. Tobar
(Tobar, 2024) refleja una comprensión sofisticada de las lecciones
internacionales, reconociendo que la implementación efectiva requiere no so=
lo
cambios normativos sino también desarrollo de capacidades parentales, un
aspecto que ha sido crucial en la experiencia argentina según los análisis =
de
Kemelmajer & Herrera (2014).”
7.1.
7.2.
7.3.
=
Los criterios identificados por los operadores de justicia para eval=
uar
el interés superior del menor demuestran una comprensión relativamente
sofisticada de los factores relevantes, incluyendo aspectos como “vínculo
afectivo”, “capacidad de comunicación parental” y “proximidad geográfica”. =
Sin
embargo, la ausencia de protocolos estandarizados genera el riesgo de
aplicación inconsistente que Astudillo (2020) identificaba como potencialmente “arbitr=
aria”.
La perspectiva del Dra.
Constansa Astudillo
(Astudillo, 2020) s=
obre
la tenencia compartida como “derecho obligatorio” presenta tanto fortalezas
como limitaciones. Mientras que reconoce correctamente la importancia de
mantener vínculos con ambas familias extendidas, su aproximación categórica
podría no considerar adecuadamente situaciones donde la tenencia compartida=
podría
no resultar conveniente para el menor, contradiciendo las aproximaciones más
matizadas evidenciadas en la experiencia internacional.”
Las propuestas emergentes de los operadores de justicia revelan una
comprensión práctica de los desafíos implementación que complementa eficazm=
ente
las recomendaciones teóricas. La propuesta de la Dra. Cedeño (Cedeño Rodríg=
uez,
2024) sobre “mediación y vía notarial” reconoce la importancia de mecanismos
alternativos de resolución de conflictos, mientras que la sugerencia del
Las propuestas emergentes de los operadores de justicia revelan una
comprensión práctica de los desafíos implementación que complementa eficazm=
ente
las recomendaciones teóricas. La propuesta de la Dra. Cedeño (Cedeño Rodríg=
uez,
2024) sobre “mediación y vía notarial” reconoce la importancia de mecanismos
alternativos de resolución de conflictos, mientras que la sugerencia del
Un hallazgo particularmente interesante emerge del análisis comparat=
ivo
de perspectivas según el perfil profesional de los entrevistados. Mientras =
que
la abogada litigante (Dra. Cedeño, Cedeño Rodríguez, 2024) adopta un enfoque
pragmático-procedimental centrado en soluciones inmediatas como la mediació=
n,
la jueza (Dra. Tobar, Tobar, 2024) privilegia un enfoque jurídico-instituci=
onal
que enfatiza reformas estructurales, y el abogado en libre ejercicio (Astudillo, 2020) desarrolla una perspectiva social-prev=
entiva
que busca intervenciones sistémicas.
Esta diversidad de perspectivas sugiere que la implementación efecti=
va
de tenencia compartida requerirá un enfoque integrado que combine elementos=
de
las tres aproximaciones. La experiencia colombiana, donde la Corte
Constitucional ordenó desarrollar “medidas de apoyo específicas, incluyendo
terapia familiar, mediación y programas de fortalecimiento de habilidades
parentales”, ejemplifica este tipo de aproximación integral.
Los resultados de esta investigación deben interpretarse considerando
varias limitaciones importantes. Primero, el tamaño limitado de la muestra
(tres operadores de justicia) restringe la generalización de los hallazgos,
aunque la diversidad de perfiles profesionales fortalece la validez cualita=
tiva
de las observaciones. Segundo, la ausencia de perspectivas de familias que
hayan experimentado regímenes de tenencia compartida limita la comprensión =
de
los desafíos prácticos desde la perspectiva de los usuarios del sistema.
Tercero, la concentración geográfica de los entrevistados podría no
reflejar variaciones regionales en la aplicación de criterios judiciales. La
experiencia de Imbabura, reportada por la Dra. Tobar (Tobar, 2024), podría
diferir significativamente de la experiencia en otras provincias con difere=
ntes
características socioeconómicas o culturales.
Investigaciones futuras deberían expandir la muestra para incluir
operadores de justicia de diferentes regiones, incorporar perspectivas de
familias beneficiarias, y desarrollar estudios cuantitativos que permitan
determinar la prevalencia real de diferentes modalidades de tenencia y sus
resultados. Adicionalmente, sería valioso desarrollar estudios longitudinal=
es
que evalúen los efectos de eventuales reformas normativas en la aplicación
práctica de la tenencia compartida.
=
Los hallazgos tienen implicaciones significativas para el diseño de
políticas públicas en materia de familia e infancia. La evidencia sobre
obstáculos culturales sugiere que las reformas normativas deberían acompaña=
rse
de campañas de sensibilización que desafíen estereotipos tradicionales y
promuevan modelos de corresponsabilidad parental. Como señala Nielsen (2018) “la
tenencia compartida puede contribuir significativamente al desarrollo emoci=
onal
y psicológico de los menores”, pero solo cuando se implementa en contextos
apropiados.
La identificación de necesidades específicas de capacitación judicial
sugiere que el Consejo de la Judicatura debería desarrollar programas
especializados que aborden no solo aspectos técnicos sino también sesgos
culturales que puedan afectar las decisiones judiciales. La experiencia
internacional demuestra que la capacitación judicial efectiva constituye un
factor crítico para la implementación exitosa de reformas en derecho de
familia.
Los resultados confirman que la implementación efectiva de tenencia
compartida en Ecuador requiere un enfoque sistémico que combine reforma
normativa, desarrollo de capacidades institucionales, transformación cultur=
al y
fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Solo
mediante esta aproximación integral será posible materializar el principio
constitucional de corresponsabilidad parental y garantizar efectivamente el
interés superior del menor.
5=
. Conclusiones
La presente investigación ha permitido caracterizar de manera integr=
al
los desafíos y necesidades asociados a la implementación de la tenencia
compartida en Ecuador, confirmando la existencia de un vacío legal
significativo que genera consecuencias sistémicas en la administración de
justicia especializada en niñez y adolescencia. Los hallazgos evidencian qu=
e la
problemática trasciende las limitaciones meramente normativas para constitu=
irse
en un desafío multidimensional que involucra aspectos culturales, instituci=
onales,
procedimentales y de capacitación judicial.
Los resultados confirman categóricamente la ausencia de un marco
normativo específico para la tenencia compartida en Ecuador, situación que
genera efectos concretos en la práctica judicial donde esta modalidad
representa un porcentaje excepcionalmente bajo en comparación con la tenenc=
ia
monoparental, aplicándose únicamente en casos donde existe acuerdo explícito
entre progenitores. Esta limitación contraviene el principio constitucional=
de
corresponsabilidad parental establecido en el artículo 69 de la Constitució=
n de
la República, evidenciando una desarticulación crítica entre el nivel
constitucional y la legislación secundaria que efectivamente dirige las
decisiones judiciales hacia modalidades tradicionales.
La investigación identifica obstáculos que operan en cuatro dimensio=
nes
interrelacionadas: normativa, cultural, procesal e institucional. En la
dimensión normativa se confirma la falta de regulación específica y ausenci=
a de
procedimientos especializados, mientras que en la dimensión cultural emergen
resistencias que combinan estereotipos tradicionales de género con dinámicas
socioeconómicas específicas. Los obstáculos procedimentales incluyen demoras
significativas, dificultades para obtener informes técnicos especializados y
ausencia de protocolos uniformes de evaluación, complementados por limitaci=
ones
institucionales en recursos de equipos técnicos interdisciplinarios y
debilidades en la cobertura de servicios especializados.
Los operadores de justicia demuestran comprensión relativamente
sofisticada de los criterios relevantes para evaluar la compatibilidad de la
tenencia compartida con el principio del interés superior del menor,
identificando aspectos como vínculo afectivo con ambos progenitores,
estabilidad emocional del menor, capacidad de comunicación parental, proxim=
idad
geográfica y consideración de la opinión del menor según su edad y madurez.=
Sin
embargo, la ausencia de protocolos estandarizados genera riesgo de aplicaci=
ón
inconsistente, requiriendo sistematización de herramientas de evaluación
específicamente diseñadas para evaluar la viabilidad de regímenes de tenenc=
ia
compartida.
Un hallazgo relevante emerge del análisis de las diferencias de
perspectiva según el perfil profesional, identificándose tres aproximaciones
distintas: pragmático-procedimental, jurídico-institucional y
social-preventivo. Esta diversidad no constituye contradicciones sino
complementariedades que pueden enriquecer el diseño de políticas públicas
integrales, fortaleciendo la validez de las recomendaciones emergentes a tr=
avés
de la convergencia en identificar la necesidad de reforma sistémica
independientemente del perfil profesional.
Las propuestas de reforma abarcan múltiples dimensiones del sistema
judicial, recomendando reformar el Código de la Niñez y Adolescencia para inc=
luir
definición y regulación clara de la tenencia compartida, crear procedimient=
os
especiales que privilegien la mediación, implementar centros de parentalidad
positiva, fortalecer equipos técnicos interdisciplinarios y desarrollar
sistemas de monitoreo post-resolución. Estas
propuestas se alinean con experiencias internacionales exitosas y demuestran
comprensión práctica de los desafíos de implementación, identificando cinco
áreas prioritarias de fortalecimiento que requieren inversión significativa=
en
recursos humanos, infraestructura tecnológica y desarrollo de capacidades
institucionales.
Los hallazgos tienen implicaciones importantes para el diseño de
políticas públicas, sugiriendo que las reformas normativas deben acompañars=
e de
campañas de sensibilización que promuevan modelos de corresponsabilidad
parental y programas especializados de capacitación judicial que aborden
aspectos técnicos y sesgos culturales. La investigación demuestra que la
implementación efectiva requiere coordinación interinstitucional entre
múltiples actores, sugiriendo la necesidad de una política pública integral=
que
trascienda competencias institucionales específicas.
Las limitaciones del estudio incluyen el tamaño limitado de la muest=
ra,
ausencia de perspectivas de familias beneficiarias, concentración geográfic=
a y
diseño cualitativo que no permite determinar prevalencia cuantitativa,
señalando la necesidad de investigaciones complementarias que incluyan mues=
tras
más amplias, perspectivas de usuarios, metodologías cuantitativas y estudios
longitudinales para evaluar efectos de eventuales reformas normativas.
La tenencia compartida en Ecuador no constituye simplemente una ause=
ncia
normativa sino una oportunidad de transformación del sistema de justicia
familiar hacia enfoques más comprehensivos, equitativos y efectivos. La
evidencia demuestra que Ecuador posee las condiciones institucionales y el
conocimiento técnico necesario para implementar exitosamente la tenencia
compartida, requiriendo únicamente la decisión política de materializar los
principios constitucionales de corresponsabilidad parental mediante reformas
integrales que reconozcan la diversidad de las estructuras familiares
contemporáneas y privilegien el bienestar integral de los niños, niñas y
adolescentes. La implementación representaría un avance significativo hacia=
un
sistema de justicia familiar que reconozca efectivamente los derechos
fundamentales de los menores y contribuya a la construcción de una sociedad=
más
equitativa donde la corresponsabilidad parental constituya realidad práctica
antes que aspiración normativa.
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World Medical Association. (2021). WMA Declaration of Helsinki – Ethical principles for medi= cal research involving human participants. https= ://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles= -for-medical-research-involving-human-subjects/