Principio de
proporcionalidad en el régimen del adolescente infractor: retos
jurídicos en la legislación ecuatoriana
The principle of proportionality=
in
the juvenile offender system: legal challenges in Ecuadorian legislation
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1 |
Josue David Arizabal Hurtado |
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Universidad Estatal
Península Santa Elena (UPSE), Santa Elena, Ecuador. Maestría en=
Derecho
Procesal |
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2 |
David
Alberto Coronel Heredia |
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Universidad Estatal
Península Santa Elena (UPSE), Santa Elena, Ecuador. Maestría en
Derecho Procesal |
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Artículo de Investigación Científ=
ica
y Tecnológica Enviado: Revisado: Aceptado: Publicado: DOI: |
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Cítese: |
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DATOS REVISTA DATOS REVISTA DATOS REVISTA |
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Palabras claves: Proporcionalidad, adolescente infractor, COIP,
justicia juvenil. |
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Resumen Introducción: los niños, niñas y adolescentes, están siendo
utilizados y reclutados para el cometimiento de actividades delictivas en
Ecuador. Su participación en estos hechos evidencia una grave
problemática jurídica y social, especialmente en la
aplicación del principio de proporcionalidad en el régimen
sancionador especial para adolescentes infractores, pero su sanció=
n es
un reto jurídico, porque la doctrina integral privilegia el
interés superior, y prohíbe que el adolescente infractor sea
tratado igual que un adulto, exigiendo como una alternativa a la justicia
ordinaria, una justicia especializada con medidas socioeducativas. Obj=
etivos:
el objetivo de este artículo es analizar, desde una perspectiva
jurídica y constitucional, el principio de proporcionalidad y su
aplicación en el régimen de responsabilidad penal del
adolescente infractor, evaluando sus implicaciones normativas y sociales.=
Metodología:
se utilizó una metodología cualitativa, basada en
métodos dogmático-jurídico, comparativo y descriptiv=
o. Resultados:
como resultado, se evidenció una desproporcionalidad entre las
conductas delictivas cometidas por adolescentes y las sanciones impuestas=
. Conclusiones:
se observa, que los adolescentes infractores en conflicto con ley est=
án
sujetos a una justicia especializada como lo estable la Constitució=
;n y
los tratados internacionales, por cuanto por su capacidad mental, no son =
capaces
de comprender sus acciones y decisiones. Área
de estudio general: Derecho. Área de estudio específica: <=
span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast=
-font-family:
"Times New Roman"'>Derecho Procesal. Tipo de estu=
dio: Revisi&oacu=
te;n
bibliográfica sistemática. |
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Keywords: |
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Abstract Introduction: Children and adolescents are being used and recruited to commit
criminal activities in Ecuador. Their participation in these acts evidenc=
es a
serious legal and social problem, especially in the application of the
principle of proportionality in the special sanctioning regime for adoles=
cent
offenders, but their punishment is a legal challenge, because the
comprehensive doctrine privileges the best interests, and prohibits the
adolescent offender from being treated the same as an adult, demanding as=
an
alternative to ordinary justice,
a specialized justice with socio-educational measures. Objectiv=
es: The
objective of this article is to analyze, from a legal and constitutional
perspective, the principle of proportionality and its application in the
criminal responsibility regime of adolescent offenders, evaluating its
normative and social implications. Methodology: a qualitative
methodology was used, based on dogmatic-legal, comparative, and descripti=
ve
methods. Results: As a result, there was a disproportionality betw=
een
the criminal behaviors committed by adolescents and the sanctions imposed=
. Conclusions:
It is observed that adolescent offenders in conflict with the law are
subject to specialized justice as established by the Constitution and
international treaties, since due to their mental capacity, they are not
capable of understanding their actions and decisions. General area of study: Law. Specif=
ic
area of study: Procedural Law. Type of stud=
y: Systematic
bibliographic review. |
|
1.&n=
bsp;
Introducción
En la actualidad el Ecuador enfrenta una alarmante
crisis de seguridad marcada por el incremento de la violencia por grupos de
delincuencia organizada, en la que preocupantemente los adolescentes pasaro=
n a
ser protagonistas involuntarios y funcionales en las redes criminales
peligrosas en los que son utilizados como instrumentos para delinquir. Este
fenómeno evidencio una creciente tensión entre la necesidad d=
el
Estado de proteger el orden público y el mandato constitucional de
proteger el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes. En este contexto, el principio de proporcionalidad, piedra
angular del Derecho Penal y Constitucional contemporáneo, se erige c=
omo
un mecanismo esencial para ponderar derechos en conflicto.
La normativa ecuatoriana y los instrumentos
internacionales, reconoce un régimen sancionador diferente para
adolescentes infractores en conflicto con la ley, basado en una justicia
especializada y un conjunto de medidas socioeducativas. Sin embargo, la
participación de adolescentes en delitos, como el tráfico de
sustancias catalogadas a fiscalización, porte de armas y robo con
violencia, asesinato, secuestro extorsivo, extorsión puso en entredi=
cho
la eficacia y proporcionalidad de dichas medidas.
Este artículo analiza el principio de
proporcionalidad en su estructura doctrinaria y su aplicación
práctica dentro del régimen jurídico ecuatoriano aplic=
able
a adolescentes infractores. A través de una revisión
crítica del marco constitucional, legal y jurisprudencial, se exponen
los desafíos jurídicos que enfrenta el Estado al momento de
equilibrar la protección de derechos fundamentales con la necesidad =
de
establecer sanciones efectivas frente a la criminalidad juvenil.
2.&n=
bsp;
Metodología
La investigación se llevó a cabo
mediante una metodología científica con el objeto de adquirir
nuevos conocimientos, a través de un método cualitativo para
comprender los efectos o fenómenos sociales culturales o humanos en =
la
sociedad mediante técnicas de búsqueda de información y
recopilación en artículos científicos, libros, documen=
tos,
normativas legales nacionales e internacionales encontrados en Google Acad&=
eacute;mico,
Scielo, Redalyc, Fiel Web, entre otros. El método a realizar para el
desarrollo del trabajo es a través del método descriptivo, que
consiste en describir las situaciones, costumbres o actitudes predominantes=
de
una situación, grupo o cultura sin tratar de intervenir ni modificar=
lo;
de igual forma, el método dogmático – jurídico, =
que
permite analizar, estudiar, interpretar las normativas vigentes nacionales como internacionales de=
un
sistema jurídico, y finalmente el método comparativo que
será utilizado para identificar las similitudes, diferencias o
relaciones de la normativa vigente nacional como internacional.
3.&n=
bsp;
Resultados
En el marco de la
justicia juvenil ecuatoriana, el principio de proporcionalidad se erige com=
o un
parámetro esencial para garantizar el debido proceso y evaluar la
legitimidad de las sanciones impuestas a los adolescentes en conflicto con =
la
ley, su aplicación demanda que toda medida restrictiva de derechos s=
ea
idónea para alcanzar un fin constitucionalmente válido, neces=
aria
en ausencia de alternativas menos lesivas y proporcional en sentido estricto
respecto a la gravedad de la conducta y al bien jurídico protegido. =
El
auge de la delincuencia organizada y el reclutamiento de adolescentes entre=
los
12 y 17 años para la comisión de delitos de alta peligrosidad
motivo reformas legales que incrementan las penas privativas de libertad. E=
stas
modificaciones, sin embargo, generan cuestionamientos sobre su compatibilid=
ad
con el interés superior del niño, la doctrina de
protección integral y los compromisos internacionales y nacionales q=
ue
el Ecuador asumió en materia de justicia penal juvenil.
=
3.1. Principio de
proporcionalidad, definición, y subprincipios
Este principio jurídico nace en el Tribunal
Constitucional Federal de Alemania en 1949, este principio surgió co=
mo
un medio para resolver cuando dos derechos fundamentales estén en
conflicto. Para Alexy (2011) el principio de proporcionalidad primer=
amente
parte explicando la diferencia entre regla y principio, las reglas son aque=
llas
normas que tienen una condición que exigen de forma definitiva prohi=
bir
u hacer algo, entonces la regla se debe hacer lo que ella exige, caso contr=
ario
no se cumple. El principio constituye un mandato de optimización, lo
cual exige su cumplimiento en la mayor medida posible, atendiendo las
posibilidades fácticas y jurídicas. La resolución de c=
onflictos
entre principios se realiza mediante el Método de Ponderaci&oacut=
e;n,
a través del cual se determina cuál de ellos debe prevalecer =
en
función al grado de afectación y del peso relativo que ostent=
en
en la situación particular (León
& Calle, 2024<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-ansi-language:ES-EC'>).
Según Mogrovejo-Gavilanes et al. (2020) el principio de proporcionalidad funciona con un
examen de tres pasos, y cada examen debe responder afirmativamente, es deci=
r,
dentro de un proceso penal, donde se está analizando la
restricción de un derecho, debe estar justificado a luz de la
Constitución. Los tres pasos son: 1) ¿la restricción, =
es
una medida idónea para alcanzar, o ayudar a lograr, un objetivo
constitucional legítimo?, 2) ¿esta restricción realmen=
te
es necesaria? 3) ¿la afectación al ejercicio del derecho solo
será legitima si el beneficio que se produce en función del
objetivo constitucional es proporcional a dicha afectación? (Mogrovejo-Gav=
ilanes et al., 2020).
Para Carbonell <=
span
style=3D'mso-bookmark:_Hlk202200749'>(2008) determina cada uno de los tres subprincipios: el
primer subprincipio de idoneidad consiste en la implementación de una re=
gla
que persigue un fin legítimo, este conlleva la restricción de
determinados derechos fundamentales. En el caso de =
la
norma sancionatoria, se debe verificar que la regla que prohíbe real=
izar
una acción u omisión sea un medio idóneo para prevenir=
su
realización de dicha conducta. El segundo subprincipio de necesidad
consiste en determinar los mejores medios posibles para alcanzar una finali=
dad
y evitar perjudicar la mayor medida posible de otros principios en juego. P=
or
lo tanto, la necesidad de la norma sancionatoria, se desdobla en dos etapas=
; en
una primera etapa, se trata de buscar que existan otros medios extrapenales
para proteger el bien jurídico protegido, y menos lesivos para los
derechos afectados por la norma de sanción, en una segunda etapa, una
vez determinado que no existen otros medios extrapenales que puedan ser
suficientes, se trata de determinar la clase y el grado de sanción
prevista por el legislador para cumplir con la finalidad de sanción.=
La
última etapa, es la proporcionalidad en sentido estricto, este
último se sigue la fórmula de peso o ponderación y para
determinar el peso de los principios en juego es preciso seguir los siguien=
tes
pasos, el primero el grado de afectación o cumplimiento correspondie=
nte
a las normas de prohibición y sanción, en segundo lugar, su
pondera su peso normativo abstracto, esto es, los derechos fundamentales
afectados o vulnerados y los bienes jurídicos tutelados. Finalmente,=
en
tercer lugar, se examina la fiabilidad de las premisas empíricas que
respaldan los argumentos los argumentos a favor y en contra de la
intervención estatal (Argudo & Gómez, 2024).
=
3.2.
El
principio de proporcionalidad en el marco Constitucional Ecuatoriano
Según Tenecota-Huerta et al.
Cuando
existan contradicciones entre principios o normas, y no sea posible resolve=
rlas
a través de las reglas de solución de antinomias, se
aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se
verificará que la medida en cuestión proteja un fin
constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para
garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección =
y la
restricción constitucional. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, p.
4)
Así mismo, el
máximo y único órgano de control, y administrador de
justicia, la Corte
Constitucional del Ecuador (2023) en la sentencia No. 93-20-IN/23=
menciona que el principio de
proporcionalidad:
Es una garantía
del debido proceso, que actúa como un límite al poder punitivo
del Estado al momento de configurar la normativa entre las infraccione y
sanciones administrativas. Por ello, la proporcionalidad exige que le plano
normativo exista una adecuada correspondencia entre la acción
administrativa y la conducta o categoría de conductas que se reproch=
an.
En este contexto, el principio de proporcionalidad
busca limitar el poder punitivo del Estado, buscando que las medidas que se
vayan a adoptar o sancionar frente a cualquier infracción sean
idóneas, necesarias y equilibradas frente al fin constitucional que =
se
persigue.
=
3.3.
Adolescentes
infractores en conflicto con la ley
En
el Ecuador con la creciente ola de violencia y criminalidad, los Grupos =
de
Delincuencia Organizada están aterrorizando al país, a su
economía y a su estabilidad social. Estos grupos de delincuencia
organizada, para cometer sus fines, reclutan y utilizan a los adolescentes
entre los 12 a los 17 años paras cometer delitos graves.
Se
estima que en la ciudad de Guayaquil hay alrededor de 1,050 agrupaciones no
formales, con aproximadamente 65,000 jóvenes vinculados a grupos de
violencia armada organizada, como pandillas y guetos urbanos. Estos
jóvenes provienen en su mayoría de hogares conflictivos,
caracterizados por la desestructuración familiar causada por la extr=
ema
pobreza y la cultura del maltrato, lo que genero un alto índice de
jóvenes violentos, inconformes, agresivos y excluidos. (Crespo-Berti, 2024. p. 21)
Además,
en el decreto No. 410 de Estado de Excepción, dictado por Presidencia de la Republica del Ecuador (2024) según:
El
Informe Previo a la Declaratoria de Estado de Excepción del Ministro=
del
Interior sustenta que se están reclutando a menores de edad para
actividades ilícitas indicando lo siguiente: La Policía Nacio=
nal
del Ecuador resalta que, entre el 8 de enero y el 15 de septiembre de 2024,=
se registró
la detención de un número preocupante de menores de entre 12 =
y 17
años, lo que evidencia la creciente participación de
niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas El 63% =
de
estas detenciones se concentran en las provincias de Guayas (27%), Pichincha
(14%), El Oro (8%), Los Ríos (7%) y Manabí (7%), regiones cla=
ve
para la actividad de grupos de delincuencia organizada. Estos grupos crimin=
ales
están reclutando a jóvenes para realizar una variedad de actos
ilícitos, destacándose el tráfico de sustancias sujeta=
s a
fiscalización, la tenencia y porte de armas, y el robo a personas. L=
as
cifras son alarmantes: de las detenciones a menores, 281 corresponden a tr&=
aacute;fico
de drogas, 233 a posesión de armas y 230 a robo, lo que revela una
tendencia clara en el uso de menores para tareas altamente peligrosas y con
graves consecuencias legales (…) (p.
18)
En la misma línea Cevallos et al. (2023)
índica que en la actualidad los ni&ntild=
e;os y
adolescentes son el blanco perfecto de los grupos de delincuencia organizad=
a, y
estos son utilizados y reclutados para el cometimiento de delitos por la
sencilla razón que estos grupos están exentos de
aplicación de una pena en comparación de los adultos.
3.4. La doctrina de la protección integral de
los niños, niñas y adolescentes y la justicia juvenil
especializada
Según Tixi<= /span> et al. (2022) señala ante el asunto de la justicia juvenil, la ONU, crea un andamiaje con relación a la protecció= ;n integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, = de este modo, se consolida el “corpus iuris” de la justicia juveni= l, en el cual se debe crear un grupo de mecanismos nacionales especializados.<= o:p>
La C=
orte
Constitucional del Ecuador (2019), en la sentencia No. 9-17-CN/19 menc=
iona
que el derecho de los niños y adolescentes están protegidos p=
or
los siguientes tratados internacionales:
La doctrina integral es un conjunto de derechos que=
es
elaborado por órganos de protección de derechos humanos, y que
tienen como finalidad desarrollar el alcance y contenido de los derechos de=
los
niños, niñas y adolescentes. Los organismos que conforman la
protección y la doctrina integral son; el Comité de los
Derechos del Niño (CDN), la jurisprudencia de la Corte IDH
sobre los derechos de los niños, la Declaración Sobre Los
Derechos del Niño. Sobre los derechos de los adolescentes a una
justicia especializada, de particular relevancias es la Observació=
;n
General N. 10 (2007) del Comité sobre los Derechos del Niñ=
;o,
la Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), la=
s Reglas
de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de=
la
libertad (Reglas de la Habana), y las Directrices de las Naciones Un=
idas
para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad).
(p. 7)
La protección integral debe estar presente =
ante
cualquier normativa, por lo que la justicia para adolescentes no es la
excepción. Para lo cual, debe existir una justicia alternativa que se
adapte a los adolescentes que entren en el sistema como sujetos activos y
pasivos de un delito, tomando en consideración su desarrollo, contex=
to y
circunstancias específicas. Para cuyo efecto, son las que influyen al
momento de realizar un hecho delictivo, por lo que, es necesario que se req=
uiera
un sistema alternativo al de los adultos, y que tenga la finalidad de prote=
ger
al mismo tiempo el interés superior, y los responsabilice mediante
medidas de carácter socioeducativas por el incumplimiento del orden
normativo y la afectación y el daño a la víctima (<=
/span>O=
lvera, 2025<=
span
style=3D'mso-bookmark:_Hlk205122366'>).
Partiendo de uno de los principales principios c=
omo
lo es el interés superior, este principio permite crear las normas y
procedimientos especiales para juzgar y sancionar un adolescente infractor,
además, porque el Ecuador
se encuentra ratificado a tratados internacionales como lo es, La
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que en su artículo 40 expone:
Los Estados Partes reconocen el derecho de todo
niño de quien se alegue que infringió las leyes penales o a q=
uien
se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que
fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libert=
ades
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del
niño y la importancia de promover la reintegración del
niño y de que éste asuma una función constructiva en la
sociedad (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia [UNICEF], 2006, <=
/span>p. 27)
También las Reglas de Beijing de 1990
índica: “El sistema de justicia de menores deberá respe=
tar
los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar
físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como
último recurso” (N=
aciones
Unidas Derechos Humanos,<=
/span> 1985, p. 1). =
Nuestra Constitución, en su
artículo 175 estipulo lo siguiente:
Las niñas, niños y adolescentes
estarán sujetos a una legislación y a una administració=
;n
de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidam=
ente
capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de
protección integral. La administración de justicia especializ=
ada
dividirá la competencia en protección de derechos y en
responsabilidad de adolescentes infractores. (Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008, p. 66)
De igual forma, nuestra
Constitución en su artículo 77, numeral 13 indica:
Para las y los adolescentes infractores se
regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la
infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley
sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la
libertad será establecida como último recurso, por el periodo
mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos
diferentes a los de personas adultas. (Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008, p. 32)=
¿Que son las medidas socioeducativas en
Ecuador? Estas son un conjunto de acciones y programas que buscan la
protección, desarrollo y la reinserción social de los
adolescentes infractores hacia la sociedad. Estas medidas son aplicaciones
individuales, es decir, dependen de las características y necesidad =
de
cada adolescente. Estas medidas socioeducativas son una medida alternativa =
a la
justicia ordinaria y serán aquellas que se imponen a los adolescentes
que infringieron alguna infracción penal tipificada según las
reglas que determina el Código Orgánico Integral Penal (CO=
IP)
(Delgado, 2022).<=
/span> Estas medidas socioeducativas se encuentran
determinadas en el Código orgánico de la niñez y
adolescencia. Las medidas socioeducativas tienen el objetivo de que el
niño o adolescente evite nuevamente en recaer en una infracció=
;n
penal, a través de un régimen integral especializado de justi=
cia
juvenil que ofrece el Ecuador, como son las medidas integrales y,
sistematizadas, para que el niño, niña, y adolescente, no
reincida, comprenda que sus actuaciones cometidas son contrarias a la ley, y
sea reintegrado nuevamente a la sociedad y, a su familia.
=
3.5.
La
aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición=
de
sanciones a adolescentes en conflicto con la ley, retos jurídicos pa=
ra
su sanción
El Código de la Niñez y
Adolescencia, el Código Civil, en conjunto con las Reg=
las
de Beijing de (1985) y las R=
eglas
de la Habana de (1990) <=
span
style=3D'color:black;mso-ansi-language:ES-MX;mso-no-proof:yes'>tambié=
;n
conocidas como las Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de Libertad, establece que son considerados
niños y niñas quienes no han cumplido 12 años de edad,=
y
adolescentes la persona entre los 12 y 17 años de edad, y son quienes
recibirán un trato prioritario y ser sometidos a una justicia
especializada distinta a la justicia ordinaria. En este marco, la
privación de la libertad de un adolescente infractor deberá s=
er
considerada como último recurso y por un periodo mínimo. Los
tratados internacionales como son las diferentes reglas de derechos humanos
promueven en beneficio para los adolescentes infractores como medida
alternativa para la solución de conflictos, la
“conciliación”, y cuando no sea posible, el adolescente
infractor deberá ser puesto a las órdenes de autoridad compet=
ente
(Asambl=
ea
General de las Naciones Unidas, 199=
0).
En este contexto un adolescente infracto=
r que
incurra en hechos tipificados como delitos por Código Orgá=
nico
Integral Penal (COIP), como el tráfico de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, robo con violencia, porte y tenencia de arm=
a de
fuego, entre otros, no pueden ser considerados inimputables y penalmente
responsables como un adulto, por su la falta de madurez emocional, mental e
intelectual, en compatibilidad a los estándares internacionales (
La nueva Ley Orgánica de Integ=
ridad
Pública publicada correspondiente en el registro oficial, los
adolescentes infractores involucrados y utilizados por los grupos de
delincuencia organizada, que cometan delitos graves como
asesinato, lavado de activos, extorsión y secuestro extor=
sivo,
delincuencia organizada, terrorismo y su financiamiento, entre otros
más, dentro del conflicto armado interno, dictado por el presidente =
de
la república del Ecuador en el año 2024, serán sancion=
ados
con una pena de 12 a 15 años, y el cumplimiento de las medidas
socioeducativas será en los centros de privación de libertad =
en
secciones especiales con la finalidad de asegurar su reinserción a la
sociedad y su integridad (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025).
Sin embargo, al crear una nueva reforma
legislativa, incrementando y endureciendo las penas a los adolescentes
infractores, el Estado está contradiciendo lo establecido en la
Constitución, vulnerando el principio del interés superior del
niño y al principio de proporcionalidad, en cuanto los adolescentes
entre los 14, y 17 años aun no poseen la madurez emocional ni cognit=
iva
suficiente de comprender plenamente sus actos (Asamblea Nacional Constituyente del
Ecuador, 2008). Ademá=
s, los
GDO suelen aprovechar esta situación reclutando y utilizando a los
adolescentes que provienen de hogares conflictivos, que fueron abandonados o
que enfrentan condiciones de pobreza extrema, lo que los llevan a tomar la
decisión de involucrarse con dichos grupos.
4.
Discusión
Los resultados demuestran,=
en
cuanto la normativa nacional como internacional, los adolescentes entre los=
12
y 17 años deben ser juzgados mediante un sistema de justicia
especializada que priorice su reintegración social, considerando su =
falta
de madurez emocional y cognitiva. Además, la nueva Ley
Orgánica de Integridad Pública sanciona con penas severas=
a
los adolescentes involucrados con los GDO, lo que contradice el principio d=
el
interés superior del niño establecido en la Constitució=
;n (A=
samblea
Nacional del Ecuador, 2025). Asimismo, se
señala que los GDO, aprovechan la vulnerabilidad de los adolescentes
proveniente de hogares conflictivos o en situación de pobreza extrem=
a,
lo que agrava su situación, y pone en evidencia que el Estado, no
está tomando en cuenta a estos adolescentes.
Se propone la creaci&oacut=
e;n
de una ley, que establezca como medida de reparación integral para l=
as
personas que fueron víctimas de los Grupos de Delincuencia Organi=
zada
(GDO), un porcentaje económico proveniente de los bienes decomis=
ados
o confiscados de dichos grupos, como una forma de restitución materi=
al y
simbólica por los daños sufridos.
5.
Conclusión
La proporcionalidad es un
principio reconocido tanto en la Constitución del Ecuador, co=
mo
en los tratados internacionales, el cual nace como un límite al poder
punitivo del Estado, garantizando que las sanciones penales impuestas sean
adecuadas a la gravedad de los hechos cometidos, evitando así exceso=
s o
abusos de poder por parte del juzgador.&nb=
sp;
En este contexto, en el Ecuador para sancionar a las personas mayore=
s de
edad están sometidos al Código Orgánico Integral Pe=
nal
(COIP), las personas mayores de 18 años, y las personas menores =
de
18, se establece que deben ser sancionados según las reglas que
determina el Código Orgánico de la Niñez y Adolesce=
ncia.
Actualmente, se observa con
preocupación que los adolescentes están siendo utilizados y
reclutados por Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) para la
comisión de delitos graves para el beneficio de dichos grupos.
Ante este contexto se
creó una nueva Ley Orgánica de Integridad Pública que
establece que los adolescentes en conflicto con la ley en atención a=
l Conflicto
Armado Interno (CAI), serán sancionados de 12 a 15 años en
delitos graves como asesinato, secuestro extorsivo, porte y tenencia de arm=
a de
fuego entre otros más, pero su sanción es algo exorbitante y
desproporcionada, en cuanto, no se toma encuentra, que estos provienen de un
hogar conflictivo, de extrema pobreza en la que el Estado, fallo en protege=
r sus
derechos fundamentales.
Sin embargo, el aumento de=
la
pena contraviene el principio de proporcional, en cuanto a la fórmul=
a del
Método de Ponderación establecida por Robert Alexy en el a&ntild=
e;o 2011,
no se toma en cuenta el principio del interés superior del niñ=
;o,
afectando gravemente, sus derechos, al ignorar las disposiciones de la
normativa internacional, que establece los mecanismos y normas especializad=
as,
a seguir.
6.
Conflicto de interese=
s
Los autores declaran que no
existe conflicto de intereses en relación con el artículo
presentado.
7.
Declaración de
contribución de los autores
Todos autores contribuyeron
significativamente en la elaboración del artículo.
8.
Costos de financiamie=
nto
La presente
investigación fue financiada en su totalidad con fondos propios de l=
os
autores.
9.&n=
bsp;
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