Derecho a recurrir en el
ámbito del auto de llamamiento a juicio en el derecho penal ecuatori=
ano
Right to appeal in the scope of the order of summons to trial in Ecu=
adorian
criminal law
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1 |
Roobertt Jesús Burbano Numerable |
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Universidad
Estatal Península de Santa Elena (UPSE), Ecuador. |
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2 |
David
Alberto Cordero Heredia |
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Universidad
Estatal Península de Santa Elena (UPSE), Ecuador. |
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Artículo de
Investigación Científica y Tecnológica Enviado: Revisado: Aceptado: Publicado: DOI: |
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C&iacu=
te;tese: |
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DATOS
REVISTA DATOS =
REVISTA DATOS
REVISTA |
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Palabras claves: Apelac=
ión;
auto de llamamiento a juicio; constitución, debido proceso, recurr=
ir. |
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Resumen
Introd=
ucción:
el presente
artículo analiza la problemática jurídica relacionada
con la prohibición de apelar el auto de llamamiento a juicio dentro
del proceso penal ecuatoriano, a la luz del derecho constitucional a
recurrir, se estudia cómo esta restricción afecta principios
fundamentales como el debido proceso, la defensa técnica, la segur=
idad
jurídica y la igualdad de las partes procesales. Objetivos: tiene como objetivo no solo demostrar =
la
afectación al derecho a recurrir, sino también provocar una
reflexión crítica acerca de la importancia de una reforma
jurídica que permita corregir esta omisión, un sistema penal
equitativo y garantizado no puede tolerar limitaciones que merman las
herramientas de control procesal ni que promuevan una justicia inequitati=
va. Metodología: la investigación se desarrolló mediante un enfoque
cualitativo, utilizando los métodos dogmático-jurídi=
co,
analítico y deductivo, a partir del estudio de normas
constitucionales, doctrina, jurisprudencia nacional e internacional, y
legislación penal ecuatoriana vigente. Resultados: como
resultado se identificó que la inimpugnabilid=
ad
del auto de llamamiento a juicio genera una asimetría procesal
injustificada, al otorgar a Fiscalía la posibilidad de apelar el a=
uto
de sobreseimiento, pero negar esa misma facultad al procesado, adem&aacut=
e;s,
se evidenció que la falta de revisión de esta resoluci&oacu=
te;n
compromete el control judicial efectivo y puede derivar en juicios orales
injustificados. Conclu=
siones:
se concluye que dicha
limitación vulnera el derecho a recurrir consagrado en la
Constitución y que es necesario reformar el artículo 653 del
COIP, a fin de garantizar una justicia penal más equitativa,
garantista y acorde con los principios del Estado constitucional de derec=
hos
y justicia. &Aacut=
e;rea
de estudio general: Derecho. Área de estudio específica: Derecho Procesal. Tipo de estudio: Revisión bibliográ=
fica
sistemática. |
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Keywords: Appeal; summons to trial; constituti=
on,
due process, to appeal. |
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Abstract Introduction: This article analyzes the legal problems related to the prohibition=
of
appealing the writ of summons to trial within the Ecuadorian criminal
process, in the light of the constitutional right to appeal, it is studied
how this restriction affects fundamental principles such as due process,
technical defense, legal certainty and equality of the procedural parties=
. Objectives: Its objective is not only to demonstrate the impact on the right to
appeal, but also to provoke a critical reflection on the importance of a
legal reform that allows correcting this omission, an equitable and
guaranteed criminal system cannot tolerate limitations that reduce the to=
ols
of procedural control or that promote inequitable justice. Methodology: The
research was developed through a qualitative approach, using dogmatic-leg=
al, analytical,
and deductive methods, based on the study of constitutional norms, doctri=
ne,
national and international jurisprudence, and current Ecuadorian criminal
legislation. Results: As a result, it was identified that the incontestability of the ord=
er
of summons to trial generates an unjustified procedural asymmetry, by
granting the Prosecutor's Office the possibility of appealing the order of
dismissal, but denying that same power to the accused, in addition, it was
evident that the lack of review of this resolution compromises effective
judicial control and can lead to unjustified oral trials. Conclusions: It is
concluded that this limitation violates the right to appeal enshrined in =
the
Constitution and that it is necessary to reform Article 653 of the COIP, =
to
guarantee a more equitable criminal justice, guaranteeing and in accordan=
ce
with the principles of the constitutional State of rights and justice. General Area of Study: Law. Specific area of study: Procedural Law. Type
of study: Systematic literature review=
. |
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1. &n= bsp; Introducción<= o:p>
La estructura del sistema
penal ecuatoriano se encuentra basado bajo los principios del Estado
constitucional de derechos y justicia, lo que implica el reconocimiento y
protección de garantías fundamentales como el debido proceso,=
la
defensa técnica y el derecho a recurrir resoluciones judiciales. Nue=
stra
Carta Magna establece garantías fundamentales destinadas a asegurar =
que
toda persona procesada penalmente sea tratada con justicia, respeto y en
condiciones de igualdad, sin embargo, en la práctica, ciertas
disposiciones legales restringen el ejercicio pleno de estos derechos, lo q=
ue
provoca tensiones entre la normativa penal y los principios constitucionales
que conducen el Estado de Derecho (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuado=
r, 2008).
Un claro ejemplo de esta
incoherencia es la restricción expresa que evita apelar el auto de
llamamiento a juicio, resolución que da paso a la etapa de juzgamien=
to y
que incide de forma directa en la condición jurídica del impu=
tado.
A diferencia del auto de sobreseimiento, el cual sí puede ser objeto=
de
impugnación por parte de fiscalía, la defensa no cuenta con la
posibilidad de cuestionar el llamamiento a juicio, aunque este pudiera cont=
ener
errores tanto fácticos como jurídicos, esta disparidad en el =
tratamiento
de las partes procesales plantea serias dudas sobre la legitimidad y la equ=
idad
del proceso penal.
En tal sentido surge la
pregunta central que orienta esta investigación, ¿la
inadmisibilidad de apelar el auto de llamamiento a juicio vulnera el derech=
o a
recurrir consagrado en la Constitución de la República del
Ecuador? Para dar respuesta a esta pregunta, se examinarán las bases
legales que respaldan el derecho a recurrir, su relación con otras
garantías procesales y las repercusiones que tiene su restricci&oacu=
te;n
en la estructura del sistema penal acusatorio. Además, se
analizarán las resoluciones judiciales pertinentes y se analizar&aac=
ute;
la congruencia entre la legislación penal secundaria y los principios
constitucionales.
Se parte de la premisa de
que toda resolución judicial que afecte derechos sustanciales debe e=
star
sujeta al control de una instancia superior, como garantía del princ=
ipio
de legalidad, la justicia material y la confianza ciudadana en el sistema de
administración judicial, la inviabilidad de impugnar el auto de
llamamiento a juicio vulnera esta garantía esencial, pues impide rev=
isar
posibles errores de valoración o de forma que puedan comprometer la
integridad del proceso. Esta ausencia de control jurisdiccional no solo
debilita la estructura del debido proceso, sino que también deja al
procesado en una situación de desprotección frente a decision=
es
arbitrarias o infundadas.
Por lo tanto esta
investigación tiene como objetivo no solo demostrar la afectaci&oacu=
te;n
al derecho a recurrir, sino también provocar una reflexión
crítica acerca de la importancia de una reforma jurídica que
permita corregir esta omisión, un sistema penal equitativo y garanti=
zado
no puede tolerar limitaciones que merman las herramientas de control proces=
al
ni que promuevan una justicia inequitativa, ya que solo a través del
efectivo reconocimiento del derecho a impugnar en cualquier decisión=
que
incida en los derechos de las partes, se podrá establecer una justic=
ia
penal genuinamente constitucional.
1.1.
El derecho a recurrir trasciende la mera formali=
dad
procesal, pues se erige como un instrumento esencial para garantizar la tut=
ela
judicial efectiva, recordemos que su interpretación, más que
ceñirse a criterios estrictamente formales, debe orientarse hacia una
visión sustantiva que priorice la justicia. Como advierte Rosales (2017) este
derecho “no sea tratado con ojos ni juicios formalistas, más b=
ien,
perfilado por una lógica material para aplicar justicia y así
satisfacer el contenido neto del Derecho a Recurrir” (p. 126). Desde =
este
punto de vista, el análisis de las leyes y de las decisiones judicia=
les,
muestra que lo importante no es solo que existan recursos legales, sino que
estos realmente sirvan para corregir errores y evitar resoluciones injustas=
o
contrarias a la ley.
=
1.1.1.
Puntualizaciones y=
generalidades
El derecho constituciona=
l a
recurrir es una necesidad jurídica imperativa que se origina para
atemperar las implicaciones resultantes de los errores que puedan cometer l=
os
juzgadores, de aquello Oyarte (2016) refiere que:
Como se sabe, los jueces y los funcionarios
administrativos que tienen a su cargo la decisión de causas judicial=
es y
administrativas, a la hora de resolver, pueden tomar decisiones
erróneas, esto es, que no responden a la realidad de los hechos o po=
rque
contienen desaciertos jurídicos, básicamente porque, como
cualquier persona, el funcionario se puede equivocar, o porque la defensa de
uno de los justiciables ha sido deficiente, o bien por falta de prueba. (p,
389)
El derecho a recurrir
refuerza la idea de que todos los implicados en un proceso tienen derecho a=
una
revisión imparcial de sus casos, lo que fortalece la confianza en el
ordenamiento jurídico y la democracia, pues la naturaleza de este de=
recho
“parte de las garantías fundamentales o vinculadas con el debi=
do
proceso, esto por cuanto en un Estado de Derecho no se puede desconocer que=
las
decisiones de los órganos de justicia sean cuestionables por razones=
de
fondo y de forma” (Bastidas
& García, 2023, p. 465). Este derecho permite las partes
cuestionar y revisar decisiones que les afectan, asegurando así que =
se
consideren sus derechos básicos y fundamentales, y que el ejercicio =
del
poder sea legítimo.
Dentro del campo normati=
vo,
el derecho a recurrir se congrega en los recursos procesales, ya que, a
consideración de Sánchez
& Sánchez (2022) son las opciones que tienen las partes
intervinientes en un proceso para pedir a la autoridad judicial, desde el j=
uez
original hasta instancias superiores, que revisen los hechos y decisiones d=
el
caso, buscando confirmar, anular o corregir elementos de la resolució=
;n.
Para que ciertos principios puedan aplicarse, es necesario que existan otros
que faciliten su implementación, en otras palabras, un principio pue=
de
servir como objetivo, pero requiere de otro que defina el medio o procedimi=
ento
necesario para alcanzar ese objetivo (Castillo, 2016). Es así como el derecho=
a
recurrir, conocido en la práctica como apelación o
impugnación, es un soporte básico para la garantización
del derecho a debido proceso.
De lo anterior, se despr=
ende
que el derecho a recurrir y el recurso de apelación están
íntimamente vinculados, dado que este último representa el
mecanismo perfecto para poner en práctica dicho derecho. En este
contexto, la doctrina legal considera a la apelación como un recurso
procesal esencial, diseñado para lograr la revisión de un fal=
lo
judicial por un ente jerárquicamente superior, por ello, una mejor
puntualización sería que es:
Aquel recurso ordinario y vertical o de alzada,
formulado por quien se considera agraviado con una resolución judici=
al,
auto o sentencia, que adolece de vicio o error, encaminado a lograr que el
órgano jurisdiccional superior en grado al que la emitió la
revise, y proceda a anularla o revocarla, ya sea total o parcialmente, dict=
ando
otra en su lugar u ordenando al a quo que expida una nueva resolució=
n de
acuerdo a los considerandos de la decisión emanada del órgano
revisor. (Hinostroza=
,
1999, p. 105)
El recurso de
apelación se convierte en un instrumento jurídico que habilit=
a a
una parte en un procedimiento legal a pedir la revisión de una
resolución dictada por un ente jurisdiccional inferior, buscando su
alteración, anulación o confirmación por una instancia
superior. De lo dicho, cabe destacar las palabras de Cabrera (1996):
La apelación no es un deber ni menos una
obligación que tienen las partes ante las providencias equivocadas de
los jueces. Es una facultad, es un derecho que la ley otorga a ellas para
enmendar los errores en que los funcionarios hayan incurrido en sus
providencias (p. 289).
Entonces, este recurso no
solo posibilita rectificar posibles fallos judiciales, sino también
robustecer los principios de legalidad, debido proceso y efectiva
protección judicial. Para Freire (2021) el mecanismo de apelación ha sufrido una
transformación considerable con el paso del tiempo, hasta establecer=
se
hoy en día como un derecho esencial reconocido por la mayoría=
de
las legislaciones nacionales, garantizando un control y rectificación
más auténticos en la gestión de justicia.
=
1.1.2.
Función gar=
antista
del derecho a recurrir
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2004) en múltiples ocasiones ha realizado
pronunciamientos sobre la finalidad del derecho a recurrir, señalando
que este constituye una garantía esencial dentro del derecho al debi=
do
proceso, además:
Se busca proteger el derecho de defensa otorgando
durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que
quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene
errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una
persona. La garantía de
recurrir el fallo, concebido como garantía del debido proceso por la
Convención, no se limita a concederle la facultad de refutar la acus=
ación,
sino también la de recurso, ante un juez o tribunal distinto y de
superior jerarquía orgánica, mediante los medios de
impugnación, los vicios y errores de la sentencia. (CIDH, 2004)
De lo anterior se despre=
nde
que este derecho es reconocido y regulado por instrumentos internacionales,
debido a su relevancia no solo en un procedimiento, sino también en =
la
consecución de los valores que se buscan alcanzar con él, sie=
ndo
la justicia y seguridad jurídica.
El objetivo de este recu=
rso
consiste en lograr que una autoridad judicial superior examine la
resolución emitida por un juez o tribunal inferior, mediante la
impugnación correspondiente, para que así se dicte una
decisión ajustada plenamente al ordenamiento jurídico, es
importante destacar que esta garantía constituye un derecho
constitucional establecido expresamente para proteger los intereses de quie=
nes
participan en el procedimiento (Freire, 2021).
Bajo una perspectiva leg=
al y
constitucional, Boni=
lla
& Crawford (2019) deduce que este derecho, además de perm=
itir
solicitar la protección preventiva de los derechos de los sujetos en=
una
judicatura determinada, también incluye el derecho a llevar a cabo t=
odas
las posibles acciones, como un elemento de una protección integral q=
ue
debería constituir el núcleo y el contexto fundamental del ac=
ceso
a la justicia.
La seguridad jurí=
dica
guarda una conexión estrecha y directa con el derecho a recurrir, ya=
que
este último constituye un mecanismo institucional para controlar la
legalidad, razonabilidad y justicia de las decisiones judiciales. En este
sentido Oyarte
(2016) sostiene que: “el recurso asegura una segunda mirada imparcial
sobre lo decidido, generando confianza en las decisiones judiciales. No pue=
de
concebirse un proceso justo sin la posibilidad de revisar los actos que afe=
ctan
derechos sustanciales” (p. 392). Sin mecanismos de revisión, la
credulidad de los ciudadanos en las instituciones se deteriora y se exponen=
a
las personas a decisiones arbitrarias o injustas, por lo tanto, la seguridad
jurídica y el derecho a recurrir no son nociones aisladas, sino
componentes interrelacionados que garantizan la efectiva vigencia del Estad=
o de
Derecho.
1.2. El auto de llamamiento a juicio
Dentro del proceso penal=
, la
etapa de evaluación y preparatoria de juicio busca “establecer=
la
validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en q=
ue
se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de
convicción que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el
juicio oral” (República del Ecuador, 2015=
). De modo que con los elementos de convicción
suficientes que permitan al fiscal inferir en la existencia del nexo causal
entre la infracción cometida y la presunta responsabilidad del
procesado, emitirá dictamen acusatorio, lo que permitirá al J=
uez
emitir el auto de llamamiento a juicio, según lo señalado en =
el
artículo 608 del COIP. Sin embargo se debe
tener en consideración que:
Si no existe conexidad entre los elementos antes
mencionados no se puede efectuar una imputación y peor aún dar
paso a un juzgamiento, a la vez los elementos de convicción deben ser
obtenidos pegados a la Constitución de la República del Ecuad=
or y
a la normativa penal vigente y de no ser así se vulnerará el
debido proceso (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).
Por lo que, el auto de
llamamiento a juicio “se dicta cuando la presunción va m&aacut=
e;s
allá de la mera suposición o el indicio, es decir, cuando exi=
sten
elementos indiscutibles de que realmente se ha cometido el acto
antijurídico” (Carrera,
2010, p. 55). Con lo dicho, el auto de llamamiento a juicio representa un a=
cto
judicial a través del cual el juez oficializa su decisión de
progresar hacia la etapa de juicio, tras finalizar la instrucción
fiscal, este auto se emitirá solo después de confirmar la
presencia de suficientes indicios que vinculan al procesado con el acto
delictivo, y en ella se definen de manera precisa los cargos que se le impu=
tan.
El llamamiento a juicio
desempeña un rol de protección procesal, garantizando que el
procesado entienda con precisión los principios fácticos y
legales de la acusación que se le imputa, esta exactitud no solo
posibilita la correcta elaboración de la estrategia de defensa, sino=
que
también promueve el ejercicio completo del derecho a ser escuchado, a
debatir pruebas y a formular argumentos, en línea con los principios=
de
contradicción, legalidad y defensa técnica.
Asimismo, el auto de
llamamiento a juicio, al especificar los hechos objeto del juicio, favorece=
la
concentración del debate procesal y el cumplimiento del principio de
congruencia, lo que evita que el juez dicte una sentencia sobre elementos n=
o mencionados
formalmente en la acusación, por lo que, esta resolución
desempeña un papel esencial en la protección del debido proce=
so,
pues establece el comienzo del juicio oral con un marco preciso, concreto y
definido, previniendo imprevistos procesales y desequilibrios entre las par=
tes
implicadas.
=
1.2.1.
Inimpugnabilidad del auto de
llamamiento a juicio
Dentro del marco de la
normativa penal vigente en el COIP art. 653, el recurso de apelación=
se
encuentra consagrado en el siguiente artículo, el cual regula de man=
era
clara y precisa su procedencia, así como los supuestos en los que pu=
ede
ser interpuesto dentro del proceso penal:
Procedencia. - Procederá el recurso de
apelación en los siguientes casos: 1. De la resolución que
declara la prescripción del ejercicio de la acción o la pena;=
2.
Del auto de nulidad; 3. Del auto de sobreseimiento, si existió
acusación fiscal; 4. De las sentencias; 5. De la resolución q=
ue
conceda o niegue la prisión preventiva siempre que esta decisi&oacut=
e;n
haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la
instrucción fiscal; y, 6. De la negativa de suspensión
condicional de la pena. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)
El auto de llamamiento a
juicio no se incluye dentro del enlistamiento p=
revio,
en palabras de la Corte Constitucional del Ecuador (2013=
), en la sentencia No. 004-13-SIN-CC. Según Muñoz (2017)
“este auto es un mero vínculo entre dos etapas del proceso, do=
nde
indica que el auto de llamamiento a juicio no produce efectos
irrevocables” (p. 13). Es crucial destacar que, dentro de la etapa de
evaluación y preparatoria de juicio, también podría ser
emitido un auto de sobreseimiento cuando fiscalía no posea suficient=
es
elementos para formular o mantener un dictamen acusatorio contra el procesa=
do.
Este auto, que constituye la contrapartida del auto de llamamiento a juicio,
sí es susceptible de apelación dentro del proceso penal, esta
situación cuestiona el razonamiento expuesto por la Corte, al consid=
erar
el llamamiento a juicio como un mero acto interlocutorio que no concluye el
proceso, cuando en realidad el auto de sobreseimiento, de naturaleza similar
pero con efectos contrarios, sí puede extinguir la causa y, aun
así, admite impugnación, esto demuestra una falta de coherenc=
ia
en el manejo procesal de ambos actos.
En esta misma lín=
ea
“la apelación del auto, sería un mecanismo innecesario =
que
se convierte en un medio de dilación de la justicia. Asimismo, la Co=
rte
señaló que la reforma pretende que el proceso penal se defina
dentro del tiempo más corto posible” (Muñoz, 2017, p. 13). Entonces de=
ntro
del contexto objeto de esta investigación, la Corte sostiene que
permitir la apelación del auto de llamamiento a juicio podría
generar dilaciones indebidas en el proceso penal, en aparente contravenci&o=
acute;n
al principio de celeridad procesal, sin embargo, esta afirmación res=
ulta
desacertada, ya que la eficacia de dicho principio no depende exclusivament=
e de
la limitación de recursos procesales, sino de la capacidad del siste=
ma
judicial para gestionar adecuadamente las causas. En efecto, un sistema
judicial bien estructurado, con personal capacitado y recursos suficientes,
puede garantizar una tramitación ágil de los procesos sin
necesidad de restringir derechos fundamentales, por el contrario, eliminar =
la
posibilidad de apelar el auto de llamamiento a juicio no contribuye a la
eficiencia del sistema, sino que más bien vulnera el derecho
constitucional al doble conforme, el cual forma parte del debido proceso y
garantiza la revisión de decisiones judiciales por una instancia
superior.
A lo anteriormente
señalado, cabe añadir la relevancia de lo previsto por nuestra
Carta Suprema del Estado en concordancia con el derecho a recurrir, el cual
constituye un reconocimiento constitucional de suma importancia dentro del
marco del debido proceso.
En todo proceso en el que se determinen derechos=
y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:
(…) El derecho de las personas a la defensa incluirá las
siguientes garantías: (…) Recurrir el fallo o resolució=
n en
todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. (<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";background:yellow;mso-highlight:y=
ellow;
mso-ansi-language:ES-EC;mso-bidi-font-weight:bold'>Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008=
, art. 76, num. 7, lit. m).
Siguiendo con el examen =
de
la sentencia previamente mencionada, la Corte Constitucional del
Ecuador (2013) sostiene que el derecho a recurrir no posee
carácter absoluto, permitiendo así que el legislador delimite=
su
práctica, siempre que no se perjudique su núcleo esencial, es=
ta
limitación, según la Corte, puede justificarse en aras de
proteger otros intereses jurídicamente relevantes. No obstante, esta
postura merece un examen crítico por al menos dos razones; en primer
lugar, la Corte no expone fundamentos sólidos que respalden dicha
afirmación, lo que debilita su argumentación; en segundo luga=
r,
resulta pertinente confrontar esta tesis con lo establecido en los numerale=
s 4
y 6 del artículo 11 de la Carta Suprema del Estado, los cuales
consagran, respectivamente, la aplicación más favorable de los
derechos en caso de duda y la prohibición de restringir el contenido
esencial de los derechos fundamentales:
El ejercicio de los derechos se regirá por
los siguientes principios: (…) 4. Ninguna norma jurídica
podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garant&iacut=
e;as
constitucionales; 6. Todos los principios y los derechos son inalienables,
irrenunciables, indivisibles, interdependientes (Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008=
, art. 11).
La Corte Constitucional =
no
tiene la facultad de pronunciar declaraciones que respalden la
limitación de derechos sin un fundamento legal claro, dado que su ta=
rea
primordial es asegurar la supremacía y la adecuada implementaci&oacu=
te;n
de las normas establecidas en la Constitución. Además, el
legislador no tiene la potestad para restringir derechos esenciales de forma
arbitraria, dado que sus facultades deben aplicarse dentro del contexto del
ordenamiento jurídico supremo, sin alterar el contenido fundamental =
de
dichos derechos, bajo este contexto, no es coherente con la lógica l=
egal
afirmar que el parlamentario puede limitar el derecho a recurrir cuando tal
posición contradice los principios fundamentales que dirigen la
interpretación y aplicación de los derechos, lo que cuestiona=
la
consistencia del razonamiento expuesto por la Corte.
1.3.
El derecho a la defensa =
es
una garantía básica en todo proceso penal que permite garanti=
zar
el desarrollo de un juicio justo, y, nuestro Estado garantista de derechos
acoge esta premisa, pues ha suscrito numerosos Convenios y Tratados Interna=
cionales
de DDHH en donde este derecho se ha incluido. Se debe tener en cuenta que l=
os
operadores del sistema de justicia, así como los agentes fiscales, s=
on
seres humanos, y como tales son capaces de cometer errores, ya sea al momen=
to
de reunir los elementos de convicción, o cuando se están
valorando las pruebas reunidas, y es ante estas situaciones donde la defensa
técnica del procesado deberá utilizar todos los medios que
estén a su alcance para poder ejercer y garantizar una defensa plena=
y
eficiente, para ello se valdrá de la normativa constitucional, y
será necesario impugnar las decisiones judiciales que considere
pertinentes, pues nuestra Carta Magna faculta dicha acción (Muñoz, 2017)=
.
Limitar el derecho a la
defensa representa un impacto significativo en el núcleo del debido
proceso, dado que restringe la capacidad del acusado de aplicar de manera
integral las garantías que lo resguardan ante una acusación
penal. Restringirle la posibilidad de cuestionar resoluciones judiciales qu=
e lo
afectan, como el auto de llamamiento a juicio, implica disminuir su habilid=
ad
para responder legalmente, mermando tanto su defensa técnica como su
defensa jurídica, esta circunstancia provoca un estado de vulnerabil=
idad
que no concuerda con los principios esenciales del Estado constitucional de
derechos y justicia (Freire,
2021).
No se debe pasar por alt=
o,
el hecho de que una norma inferior este limitando el derecho a recurrir, pu=
es
nuestra propia Carta Magna refiere que “la Constitución es la
norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurí=
dico.
Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario
carecerán de eficacia jurídica” (Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008=
, art. 424). Por lo tanto, es inadmisible que una norma=
de menor
jerarquía limite la práctica efectiva del derecho a recurrir,
cuando la propia Constitución define de manera explícita su
supremacía normativa y requiere la total conformidad de todo el sist=
ema
legal con sus estipulaciones, cualquier ley que restrinja derechos esencial=
es
sin fundamento constitucional no solo se convierte en inconstitucional, sino
que debilita los principios del debido proceso y del Estado de Derecho.
1.4. Transgresión del principio de igualdad de las partes
El principio de igualdad
procesal según Acuña
(2009) impone que “la ley sea aplicada de modo igual a todos aquellos=
que
se encuentran en la misma situación, sin que el operador jurí=
dico
pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas, o de
circunstancias que no estén precisamente contenidas en ella” (=
p.
21). Esta afirmación subraya la importancia de que el juez se compor=
te
con rigurosa imparcialidad y respeto a la legalidad, previniendo cualquier
trato distinto que no esté adecuadamente respaldado por el sistema
legal. Por lo tanto, cualquier limitación o trato inequitativo en la
práctica de los derechos procesales, como el derecho a recurrir,
requiere un examen meticuloso, ya que de lo contrario se infringe no solo el
principio de equidad, sino también la esencia misma del debido proce=
so.
A partir de lo expuesto,=
es
fundamental considerar que, durante la audiencia de evaluación y
preparatoria de juicio, el juzgador, luego de valorar las pruebas anunciada=
s y
el dictamen fiscal, puede adoptar una de dos decisiones, dictar auto de sob=
reseimiento
o auto de llamamiento a juicio. Sin embargo, resulta llamativo, e incluso
preocupante, que solo el primero de estos autos sea susceptible de
impugnación, y que dicha facultad recaiga exclusivamente en el fisca=
l de
la causa, esta asimetría procesal revela una clara vulneración
del artículo 76, numeral 7, literal c) de nuestra Constitució=
n,
que establece: “(…) El derecho de las personas a la defensa
incluirá las siguientes garantías: (…) Ser escuchado en=
el
momento oportuno y en igualdad de condiciones” (Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008=
, art. 76). En este sentido al impedir que la persona
procesada pueda apelar el auto de llamamiento a juicio, se configura una
evidente desigualdad procesal que restringe su derecho a ser oído y =
a ejercer
una defensa plena en condiciones de equidad, debilitando así uno de =
los
cimientos claves del debido proceso.
El derecho a la igualdad
procesal es una protección fundamental que forma parte del derecho a=
la
defensa, si el fiscal tiene la posibilidad de ser oído por un tribun=
al
de apelación, pero el acusado no puede hacerlo en el mismo momento d=
el
proceso, se está vulnerando claramente el equilibrio que deber&iacut=
e;a
existir entre las partes.
1.5. Transgresión del principio Indubio=
Pro
Reo
El =
Indubio
pro reo refiere a “la duda que se le presenta al funcionario
judicial, sobre la responsabilidad del sujeto con base en el material
probatorio recaudado en el proceso y opera siempre que no haya forma de
eliminarla razonablemente” (Franco=
, 2017). Este principio no se percibe como un instrum=
ento
jurídico para interpretar las pruebas presentadas en el juicio, en
realidad, solo se utiliza cuando el juzgador posee dudas sobre la culpabili=
dad
del procesado a partir de las pruebas proporcionadas, por lo que su
aplicación está exclusivamente reservada para el juez.
Dentro del marco del sis=
tema
penal ecuatoriana, esta garantía posee un estatus constitucional,
conforme se verifica en el artículo 76.5 de nuestra Carta Suprema, y
debe establecerse desde las fases iniciales del procedimiento hasta el fallo
definitivo. Por lo tanto, si en la etapa de evaluación y preparatori=
a de
juicio se presentan vacíos de prueba o contradicciones sin resolver,=
el
juez deberá decidir el sobreseimiento, y no con el auto de llamamien=
to a
juicio (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
Entonces resulta discuti=
ble
que se le otorgue a fiscalía la facultad de impugnar la decisi&oacut=
e;n
del juzgador cuando este dispone el sobreseimiento a favor del procesado,
especialmente si el dictamen acusatorio carece de una valoración
probatoria suficiente para justificar la continuidad a la etapa de juicio, =
esta
posibilidad de apelación permite a la parte acusadora revertir una
decisión que, en principio, protege el principio de inocencia, sin
embargo, en el escenario inverso, cuando el juzgador dicta el auto de
llamamiento a juicio, se niega esa misma posibilidad de impugnación =
a la
defensa, generando una asimetría procesal que pone en entredicho el
principio in dubio pro reo.
Esta desigualdad crea una
posición desfavorable para la defensa, ya que cualquier fallo judici=
al
en la apreciación de los elementos de prueba no podrá ser
rectificado hasta un fallo final, cuando ya se habrían generado perj=
uicios
irreparables al derecho a un proceso justo. Como advierte Oyarte (2016)
“no puede concebirse un proceso justo sin la posibilidad de revisar l=
os
actos que afectan derechos sustanciales” (p. 392). En tanto, la
inadmisibilidad de apelar el auto de llamamiento a juicio no solo infringe =
el
debido proceso, sino que también despoja efectivamente del contenido=
el
principio in dubio pro reo, al obstaculizar su implementación tempra=
na
ante decisiones arbitrarias o erróneas.
1.6. Prohibición de apelar el auto de sobreseimiento ¿Una v&=
iacute;a
legítima para asegurar la igualdad de armas en el proceso penal?
En el ámbito del
proceso penal, particularmente dentro de los sistemas acusatorios, no se ex=
ige
una simetría absoluta entre las partes, sino una asimetría
funcional justificada que se adecúa a los roles que cada un cumple e=
n el
proceso, en este modelo, el fiscal y el procesado no desempeñan
funciones idénticas, pero deben contar con posibilidades procesales
equivalentes que les permitan ejercer eficazmente sus derechos. La <=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";background:yellow;mso-highlight:y=
ellow;
mso-ansi-language:ES-EC;mso-bidi-font-weight:bold'>Corte Constitucional de
Colombia (2005), en =
su Sentencia
C-1194-2005 preciso que uno de los principios estructurales del sistema
acusatorio es el de la igualdad de armas, entendida como la garantía=
de
que acusador y procesado “gocen de los mismos medios de ataque y de
defensa para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba, es decir, que
dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e
impugnación” (pp. 35-36). Desde esta perspectiva, la igualdad
procesal no debe concebirse como una simetría rígida o formal,
sino como un equilibrio real y efectivo, capaz de asegurar que ninguna de l=
as
partes se vea en una posición de desventaja estructural frente a la
otra.
Por =
ende
los instrumentos procesales, como los recursos de impugnación, deben
diseñarse y aplicarse atendiendo a esta lógica de equilibrio
material, lo cual implica reconocer las particularidades y necesidades de c=
ada
sujeto procesal para garantizar un juicio justo.
El artículo 607 d=
el Código
Orgánico Integral Penal (COIP) establece en su parte final, que =
una
vez que se ha dictado un auto de sobreseimiento “no se podrá
iniciar una investigación penal por los mismos hechos” (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2014).
Esta disposición refleja el efecto extintivo de dicho auto, el cual =
se
emite cuando el juez determina que los elementos de convicción
presentados no son suficientes, o que los hechos investigados no constituyen
delito, por lo que, el proceso se extingue o queda suspendido sin posibilid=
ad
de avance alguno.
Bajo esta lógica
permitir que la fiscalía cuente con la posibilidad de apelar el auto=
de
sobreseimiento constituye una garantía esencial tanto para la
víctima como para el sistema de justicia penal, esta facultad impide=
que
una causa sea archivada de manera arbitraria, prematura o errónea, y
asegura un control de legalidad sobre la decisión judicial. De lo
contrario, se correría el riesgo de que el juez, sin una revisi&oacu=
te;n
de su decisión, dé por terminado el proceso incluso cuando
existan elementos de convicción suficientes, lo que podría
conducir a la impunidad de conductas delictivas y a la afectación del
derecho a la verdad y a la justicia por parte de las víctimas.
Desde la otra cara de la
moneda, se debe precisa que, el auto de llamamiento a juicio no resuelve el
fondo del conflicto penal, sino que constituye una resolución de
carácter interlocutorio que permite la apertura del juicio oral, su
contenido no representa una declaración de culpabilidad ni genera
efectos definitivos sobre los derechos del procesado. En ese marco, la
garantía del derecho a recurrir adquiere plena relevancia una vez
dictada la sentencia, especialmente si esta es condenatoria, así lo =
ha
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2004) al señalar que:
El derecho de recurrir del fallo es una
garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proc=
eso
legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por=
un
juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El
derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes=
de
que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada (Caso Herrera Ulloa vs. C=
osta
Rica, 2004).
Por tanto, desde el punt=
o de
vista del procesado, la garantía del recurso adquiere relevancia
después de la emisión de una sentencia condenatoria, y debe e=
star
disponible antes de que esta quede ejecutoriada, a fin de preservar la
legalidad del proceso y proteger derechos fundamentales como la defensa, la
libertad personal y la seguridad jurídica.
A partir de lo expuesto,
resulta evidente que no puede privarse a fiscalía de la facultad de
impugnar el auto de sobreseimiento, aun cuando el auto de llamamiento a jui=
cio
no sea susceptible de apelación, esta diferenciación encuentra
justificación en el principio de igualdad procesal, el cual no se ba=
sa
en una simetría estricta, sino en un equilibrio funcional entre las
partes. Por lo que, la posibilidad de recurrir el auto de sobreseimiento
constituye para la Fiscalía un mecanismo equivalente, en térm=
inos
estructurales, a la posibilidad que tiene el procesado de impugnar una even=
tual
sentencia condenatoria, ambos recursos operan como garantías esencia=
les
dentro del sistema acusatorio, permitiendo la revisión de decisiones=
que
ponen fin al proceso penal.
No obstante del art. 608=
del
COIP debe recordarse que el auto de llamamiento a juicio debe cumplir
estrictamente con ciertos preceptos, entre los cuales se incluyen la
identificación del procesado, la exposición clara de los hech=
os
imputados, la base probatoria que sustenta la acusación, las normas
jurídicas aplicables, las medidas cautelares impuestas y los acuerdos
probatorios alcanzados; este auto, además, debe estar debidamente
motivado, conforme a los principios de legalidad y debido proceso (<=
span
lang=3DES-EC style=3D'font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Times =
New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";background:yellow;mso-highlight:y=
ellow;
mso-ansi-language:ES-EC;mso-bidi-font-weight:bold'>Asamblea Nacional del
Ecuador, 2014).
La ausencia de un recurso de apelación contra este auto impide que u=
na
autoridad judicial superior evalúe su legalidad y motivación,=
lo
cual genera un vacío en el control de garantías procesales y
afecta directamente el derecho a la defensa.
Aunque es cierto que el =
auto
de llamamiento a juicio no resuelve el fondo del conflicto penal, sino que
constituye una resolución de carácter procesal, ello no exime=
la
necesidad de control jurisdiccional, especialmente cuando dicho auto puede
tener un impacto significativo en la situación jurídica del
procesado. Negar la posibilidad de impugnación genera una
asimetría procesal incompatible con el principio de igualdad procesa=
l,
pues otorga al juez de primera instancia una amplia discrecionalidad sin su=
jeción
a un control efectivo por parte de una instancia superior, entonces, resulta
evidente que esta situación no solo compromete el equilibrio procesa=
l,
sino que también debilita la legitimidad del sistema penal y las
garantías constitucionales que deben regir todo proceso penal.
2. &n=
bsp;
Metodología
Según el enfoque adoptado en este estudio y con el
propósito de alcanzar los objetivos establecidos, se utilizaron vari=
os
métodos, técnicas y herramientas metodológicas. Dado q=
ue
el estudio tiene un carácter descriptivo y un enfoque cualitativo, se
utilizó el método deductivo, el cual permitió profundi=
zar
en el conocimiento general y lógico del fenómeno, facilitando=
la
comprensión de las causas y relaciones entre los hechos hasta arriba=
r a
conclusiones particulares. Asimismo, se empleó el método
analítico para examinar detalladamente el problema investigado como =
una
realidad específica.
Complementariamente, el método dogmático-jurídico
fue fundamental para interpretar y comprender las normas y principios que
conforman el sistema legal ecuatoriano. Respecto a la recopilación de
datos, se utilizó la revisión de fuentes bibliográficas
pertinentes, como la ley en vigor, libros especializados y publicaciones
académicas.
=
3. Discusión
El presente trabajo investigativo permitió evidenciar que, neg=
ar
la facultad de apelar el auto de llamamiento a juicio vulnera el derecho
constitucional a impugnar resoluciones judiciales, debilita el principio de
contradicción y limita el ejercicio pleno de una defensa técn=
ica
adecuada, esta situación genera un evidente desequilibrio entre las
partes procesales, ya que mientras Fiscalía tiene la posibilidad de
impugnar el auto de sobreseimiento, al procesado se le niega la posibilidad=
de
cuestionar una decisión que lo somete a juicio, esta disparidad reve=
la
una incoherencia en el tratamiento legal de ambos actos, los cuales, por su
trascendencia, deberían ser supervisados por un ente judicial de may=
or
jerarquía.
También se constató que la justificación ofrecida
por la Corte Constitucional para sostener esta prohibición carece de
sustento jurídico sólido, ya que no garantiza el núcleo
esencial del derecho a recurrir ni se ajusta al principio de supremac&iacut=
e;a
constitucional, la falta de un mecanismo adecuado para impugnar el auto de
llamamiento a juicio impide verificar si dicha resolución cumple con=
los
parámetros legales y constitucionales exigidos, lo cual puede dar lu=
gar
a procesos judiciales innecesarios o incluso injustos.
Frente a esta problemática, se plantea como propuesta la neces=
idad
de reformar el artículo 653 del COIP, a fin de incorporar de forma
expresa la facultad de que el procesado impugne el auto de llamamiento a
juicio, para ello, se incluirá como séptimo numeral lo siguie=
nte
“Del auto de llamamiento a juicio”, esta modificación
permitiría cuestionar la existencia, insuficiencia o incorrecta
valoración de los elementos probatorios vinculados a la presunta
responsabilidad penal y la existencia del delito (Asamblea Nacional del Ecua=
dor,
2014). Además, se debe destacar q=
ue
dicha reforma no solo responde a la necesidad de fortalecer el derecho a la
defensa y el debido proceso, sino que también constituiría una
herramienta indispensable para que una instancia superior pueda ejercer un
control efectivo sobre la decisión judicial, evaluando si esta cumple
con los estándares legales y constitucionales exigidos, y adoptando =
la
resolución que en derecho corresponda.
=
4. Conclusiones
La imposibilidad de impugnar el auto de llamamiento a juicio constitu= ye una restricción que entra en conflicto directo con el derecho a la defensa, el debido proceso y la garantía del doble conforme, por cua= nto, esta restricción carece de una justificación válida de= ntro del marco constitucional y afecta directamente la equidad entre las partes procesales. Negar al procesado la oportunidad de cuestionar una decisi&oacu= te;n que lo somete a juicio, sin permitir una revisión previa por parte d= e un órgano judicial superior, supone una afectación transcendenta= l a sus derechos fundamentales y debilita las bases de un proceso penal justo.<= o:p>
Que el auto de llamamiento a juicio no admita apelación, mient=
ras
que el auto de sobreseimiento sí pueda ser impugnado, pone en eviden=
cia
una incoherencia normativa que vulnera el principio de igualdad de armas, e=
sta
diferencia no responde a una asimetría funcional legítima den=
tro
del sistema acusatorio, sino a una omisión normativa que requiere ser
corregida, es imprescindible atender esta falencia para garantizar un proce=
so
equilibrado y permitir un control jurisdiccional adecuado sobre las decisio=
nes
que, aunque no resuelvan el fondo del conflicto, inciden directamente en los
derechos de las partes.
El ordenamiento jurídico ecuatoriano requiere una
modificación que contemple de forma expresa la posibilidad de apelar=
el
auto de llamamiento a juicio, por lo visto y analizado en el presente
artículo investigativo, se infiere indiscutiblemente que, esta
incorporación es indispensable para garantizar la vigencia del princ=
ipio
de legalidad, el ejercicio pleno del derecho a la defensa y el acceso efect=
ivo
a la tutela judicial.
=
5. Conflicto de intereses
Los auto=
res
declaran que no existe conflicto de intereses en relación con el
artículo presentado.
=
6. Declaración de contribución de los autores=
Todos
autores contribuyeron significativamente en la elaboración del
artículo.
=
7. Costos de financiamiento
La prese=
nte
investigación fue financiada en su totalidad con fondos propios de l=
os
autores.
=
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